CSIF denuncia que Vilagarcía, Cangas y O Porriño "bloquean" la negociación de traspaso de unidades de drogodependencia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los ayuntamientos de Vilagarcía, Cangas, y O Porriño continúan sin llevar a la mesa general de negociación la transferencia de las unidades asistenciales de drogodependencia municipales (UAD) al Servizo Galego de Saúde (Sergas), "pese a afectar directamente a las condiciones laborales de su personal".

Esta inacción, destacan en un comunicado, deja a los trabajadores "en una situación de absoluta indefensión".

CSIF recuerda que los artículos 37 y 38 del TREBEP obligan a que cualquier materia que modifique las condiciones de trabajo sea negociada con la representación sindical antes de su implantación. Sin embargo, los tres ayuntamientos citados han "ignorado" dos solicitudes formales registradas por CSIF.

Apuntan que la situación es "especialmente grave" en Vilagarcía de Arousa, donde acusan al alcalde y también presidente de la FEGAMP, Alberto Varela, de haber expulsado de una reunión a la representación sindical, "pese a que la mayoría de los trabajadores había solicitado expresamente su presencia". Para CSIF, este episodio constituye "una vulneración intolerable de los derechos de representación y negociación".

El sindicato explica que tuvo conocimiento del acuerdo Xunta-FEGAMP --referido a la integración de las UAD en el Sergas-- a través de los propios trabajadores, sin que la documentación fuese remitida a los representantes legales, como exige la normativa.

Insisten en que todo el personal de estas unidades es fijo o funcionario de carrera de los ayuntamientos (excepto parte de CEDRO en Vigo que pertenecen a la empresa EULEN) con derecho a permanecer vinculado a ellos y a recibir la formación necesaria si solicitan ocupar otros puestos. Por ello, reclaman "transparencia total" y la entrega inmediata del acuerdo, así como la convocatoria urgente de las mesas generales en cada ayuntamiento.

"El incumplimiento de esta obligación legal y constitucional vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical y a la negociación colectiva", recuerda CSIF, que advierte de que continuará exigiendo el respeto a los derechos de los trabajadores y tomará las medidas necesarias si los ayuntamientos siguen bloqueando el proceso negociador y llegará a impugnar en cada ayuntamiento por separado dicho incumplimiento.