El PP lucense ve "precipitación y contradicciones" en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones aprobada el viernes

El Partido Popular de Lugo criticó la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que calificaron de "atropellada" por vulnerar, a su juicio, los derechos a la participación política.

Su portavoz, Elena Candia defendió este jueves que "las decisiones que afectan de manera directa a la ciudadanía deben explicarse adecuadamente, tramitarse con participación y transparencia y, en la medida de lo posible, buscar el consenso político y social".

Según explican desde el grupo popular, la ordenanza fue aprobada por el gobierno local el pasado viernes 12 de diciembre en una junta de gobierno extraordinaria celebrada a las 14.45 horas, y el documento no fue facilitado a la oposición hasta el lunes siguiente a las tres de la tarde.

Esto supuso, denuncian, "disponer únicamente de dos días para analizar un texto de más de cien páginas y de elevado contenido técnico, pese a su enorme trascendencia para la ciudad".

El PP considera también que este procedimiento impide "un debate serio y riguroso en condiciones de igualdad y vulnera el derecho de los concejales a la información y a la participación política".

Aún así, presentaron una serie de enmiendas criticando en primer lugar que en un informe fechado el 11 de diciembre de 2025, la asesoría advierte de que se desconoce la autoría del proyecto técnico que sirve de base a la ordenanza y de que no consta en el expediente administrativo el resultado de las consultas previas.

El documento señala además que, "aunque figuraba un resumen sin firmar de las alegaciones presentadas, no se realiza ninguna valoración sobre si estas fueron incorporadas al texto ni sobre los motivos para no hacerlo".

Desde el Partido Popular subrayan que este modo de proceder no es un hecho aislado, sino que reproduce el mismo esquema seguido con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado también en junta de gobierno el pasado 19 de noviembre.

A su juicio, cuestiones tan sensibles como la regulación del tráfico, el acceso al casco histórico o la movilidad urbana no pueden aprobarse "por la puerta de atrás", sin diálogo político ni participación ciudadana.

El grupo popular advierte de que, cuando el PMUS entre en vigor, se adoptarán decisiones que afectarán de lleno a particulares y negocios, como la modificación de zonas de aparcamiento, la eliminación de plazas en uno o ambos márgenes de las calles, la peatonalización de vías o la implantación de carriles bici.

El plan contempla la creación de 35 kilómetros de carril bici, medidas que, según el PP, se están diseñando sin contar con la opinión de la vecindad.

Además, el Partido Popular alerta de que la ordenanza de la ZBE otorga al PMUS un rango normativo superior al del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Según explican, el artículo 4 de la ordenanza establece que la implantación de la ZBE debe ser coherente con el PMUS, lo que en la práctica supone integrar este plan en la ordenanza y dotarlo de fuerza normativa. El propio PXOM, en su artículo 150.2, recoge la prevalencia de las determinaciones del PMUS, consolidando así un modelo que condiciona decisiones clave sobre tráfico, accesos, garajes y movilidad en el casco histórico.

Ante esta situación, el PP presentó una serie de enmiendas con el objetivo de mejorar la ordenanza y evitar que las decisiones en materia de movilidad y medio ambiente se adopten de forma precipitada.

Entre ellas, critican que el texto permita al alcalde modificar por decreto un documento que debería ser aprobado en pleno, lo que consideran un abuso de autoridad y un vicio de nulidad, por lo que reclaman que esa competencia vuelva al pleno municipal.

Asimismo, señalan errores en el documento, como la referencia a la aplicación de la ordenanza a todo el término municipal cuando su ámbito real es la ZBE, la confusión de Lugo con Gijón -ciudad en la que una sentencia tumbó una normativa similar- o la introducción de conceptos que no están definidos, como el de "zona de especial sensibilidad".

El PP también denuncia contradicciones entre el PMUS y la ordenanza de la ZBE en materia de plazas de aparcamiento por vivienda, lo que, a su juicio, podría comprometer los objetivos de reducción del tráfico en el centro.

Por ello, solicitan que en el recinto histórico se mantenga la regulación recogida en el PEPRI. Entre sus propuestas figura además ampliar de 30 a 60 minutos el tiempo de estacionamiento para comerciantes, al considerar que se está equiparando injustamente la actividad comercial local a la mensajería rápida, así como introducir un sistema progresivo de restricciones que permita a la ciudadanía adaptarse mediante autorizaciones puntuales para situaciones concretas.