Un exconcejal de Baiona acepta 9 años de inhabilitación tras reconocer que prevaricó en la contratación de unas obras

El exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha aceptado la pena de 9 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación, en una vista de conformidad celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

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El exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez, condenado a 9 años de inhabilitación tras admitir un delito de prevaricación en la contratación de unas obras.

El exconcejal socialista de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha aceptado la pena de 9 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación, en una vista de conformidad celebrada este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El exedil ha reconocido los hechos que le atribuye la Fiscalía, que ha rebajado su petición de condena, y la sala ha dictado sentencia: 9 años de inhabilitación para ejercer como cargo electo o para tener un cargo o puesto con competencia decisoria o ejecutiva en el ámbito de la contratación pública. La resolución ha sido declarada firme, al manifestar las partes su intención de no recurrir.

Según recoge el escrito de acusación pública, Óscar Martínez fue concejal de Vías y Obras en el gobierno municipal de Baiona dirigido por el socialista Carlos Gómez Prado, entre 2019 y 2023 y, desde 2022, sumó a sus responsabilidades también el área de Urbanismo.

El ministerio público sostiene que, pese a no tener competencia para la contratación, a principios de 2023 contactó con una constructora y le ofreció la realización de obras de mejora y hormigonado en varios caminos vecinales de Baiona, en Baredo, Camiño Lugar da Ponte y lugar de Carballo.

En febrero, la empresa presentó presupuestos por un importe total de 38.115 euros y, días después, el concejal encausado remitió un correo a la constructora aceptándolos.

Ya en abril, la empresa presentó ante la Intervención municipal las facturas correspondientes a los trabajos ejecutados, pero éstas no fueron abonadas. Ante un requerimiento de la mercantil, el Ayuntamiento se negó a pagar, al negar que hubiese una contratación, y la constructora tuvo que acudir a la vía judicial.

La Fiscalía señala que Óscar Martínez realizó la contratación de las obras "careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable para la realización de contratos menores".

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