CSIF denuncia el "grave caos organizativo" de los juzgados gallegos tras la implantación de los Tribunales de Instancia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Galicia ha denunciado el "grave caos organizativo" de los juzgados gallegos tras la implantación "precipitada y sin medios suficientes" de los Tribunales de Instancia, previstos en la denominada Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia.

Ante esta situación, CSIF ha exigido que se paralice la "implantación forzada" del nuevo modelo en todos aquellos casos en los que no se den las condiciones para su "correcta aplicación".

"Nadie estaba preparado para este cambio y, a pesar de que el director xeral visitó los juzgados para explicar la implantación de los nuevos Tribunales con toda su buena fe, no hubo una formación previa al cambio de toda esta estructura judicial y desde el pasado 2 de enero, con la activación de la tercera y última fase de la reconversión, los problemas se han multiplicado", ha desgranado el sindicato en un comunicado difundido este miércoles.

A mayores, ha hecho hincapié en que "hay funcionarios y funcionarias sin mesa de trabajo, sin equipos informáticos operativos o sin acceso a los expedientes judiciales electrónicos, lo que les impide desempeñar sus funciones con normalidad". Además, ha alertado de que se están produciendo "prácticas irregulares" en la asignación de personal por parte de algunos letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

CSIF también ha denunciado la asignación de tareas que "no están contempladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)" a los cuerpos de la Administración de Justicia; por ello, ha solicitado a la Dirección Xeral de Xustiza que "dote de recursos suficientes a los Tribunales de Instancia y paralice la implantación forzada del modelo allí donde no existan condiciones reales para su aplicación".

Con todo, el sindicato ha reclamado que se remita una "comunicación urgente" a los letrados y letradas coordinadores para que adopten medidas "inmediatas", entre ellas: la emisión de instrucciones "unificadas, claras y vinculantes por escrito"; la prohibición expresa de designaciones unilaterales de personal al margen de las Direcciones de los Servicios Comunes.

Además de reforzar la coordinación entre los LAJ y dichas Direcciones; y el establecimiento de criterios "objetivos y homogéneos" para la asignación de funciones y cargas de trabajo.