El CERMI reclama que las organizaciones de personas con discapacidad participen en la supervisión de la IA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama que las organizaciones del sector de la discapacidad participen en la gobernanza y la supervisión de la Inteligencia Artificial (IA).

Así lo defiende la entidad en sus aportaciones al proceso de audiencia pública abierto por la Comisión Europea sobre la futura propuesta de Reglamento ómnibus de inteligencia artificial (IA), destinado a simplificar la aplicación de normas armonizadas en este ámbito estratégico para la Unión Europea.

En concreto, la organización pide que se garantice "la implicación estructurada de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la supervisión" de los sistemas de esta tecnología generativa, especialmente en aquellos de uso general integrados en grandes plataformas digitales.

Asimismo, abogar por establecer "el carácter obligatorio de la alfabetización en IA del personal que diseña, despliega y utiliza estos sistemas".

Para el CERMI, existe el "riesgo" de que la documentación técnica simplificada para pymes y empresas de mediana capitalización "debilite" las evaluaciones de impacto en los derechos fundamentales y "dificulte la verificación del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas".

PÉRDIDA DE TRANSPARENCIA
También alerta de "la pérdida de transparencia derivada de la supresión del registro obligatorio en la base de datos europea de determinados sistemas de IA, lo que podría generar 'cajas negras' regulatorias incompatibles con el control social y la prevención de la discriminación".

En sus alegaciones, el CERMI propone "reforzar la accesibilidad universal, la no discriminación, la transparencia, la calidad y representatividad de los datos -incluida su diferenciación por sexo y discapacidad-, así como una vigilancia poscomercialización armonizada a escala europea".

"La innovación tecnológica y la competitividad europea solo son legítimas si avanzan de la mano de los derechos humanos y aseguran que ningún progreso digital deje atrás a las personas con discapacidad", defiende.

El CERMI valora "de forma positiva" la iniciativa europea de "avanzar hacia un marco regulador más claro y eficaz que impulse la innovación y el funcionamiento del mercado interior, siempre que dicha simplificación normativa no se traduzca en una merma de la protección de los derechos fundamentales".