El sector de la inclusión social, "al límite" y "bloqueado" por la Xunta

Lo que en octubre del año pasado parecía una solución se ha convertido cinco meses después en un nuevo punto de fricción. Fademga Plena inclusión Galicia, la federación que representa a más de 40 entidades que prestan servicios a personas con discapacidad intelectual en toda la comunidad, ha emitido un comunicado en el que denuncia que la Consellería de Política Social no ha cumplido los compromisos adquiridos en el acuerdo que puso fin a las movilizaciones de la campaña 'En loita'. La situación, advierten, está llegando a un punto de no retorno.

La federación detalla que desde el 14 de enero de 2026 ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la administración autonómica. Tres meses de espera, múltiples llamadas y ninguna respuesta. Fue precisamente esa falta de interlocución la que llevó a la junta directiva de Fademga a reunirse el pasado 18 de marzo y a acordar dar difusión pública al conflicto. La Consellería de Política Social, dirigida actualmente por Fabiola García, no se ha pronunciado sobre estas acusaciones ni ha facilitado su versión de los hechos a este medio.

El acuerdo de octubre de 2025, que en su momento fue celebrado por ambas partes como un avance positivo, incluía medidas concretas que Fademga considera incumplidas. Entre ellas destacan la revisión de los módulos económicos del concierto social para adaptarlos a los costes reales de los servicios, la creación de un marco normativo que reduzca la inseguridad jurídica del sector y la definición de los perfiles profesionales computables en los costes de personal. Nada de eso, según la federación, se ha materializado.

SECTOR "AL LÍMTE"

La presión financiera que soportan las entidades del sector no es nueva. Ya en el otoño de 2025, la patronal empresarial del ámbito, AEDIGAL, denunció un incumplimiento de los conciertos por parte de la Consellería de Política Social al no actualizar los precios para cubrir los costes reales de servicios considerados esenciales para miles de familias gallegas. 

En aquel momento, el conflicto estalló con fuerza: las entidades iniciaron una campaña bajo el lema 'A discapacidade intelectual en loita. Sen financiamento non hai futuro' , con concentraciones en toda Galicia. El acuerdo alcanzado el 27 de octubre suspendió tanto la concentración prevista frente a San Caetano como las posteriores movilizaciones ante el Parlamento gallego.

Ahora Fademga reclama que se concreten también otras medidas pactadas: la revisión de las ratios en centros residenciales, la concertación de 100 nuevas plazas para 2026 —incluyendo recursos especializados de atención dual—, y el avance en un plan de inversiones en infraestructuras y accesibilidad. A ello se añade la ausencia de cualquier revisión del modelo de transporte adaptado, un asunto especialmente sensible en un territorio tan marcado por la dispersión geográfica como Galicia.

La federación subraya que la situación no es sostenible y que el peso económico recae por completo sobre las propias entidades sociales, sin que la administración aporte soluciones. Los cerca de 113 centros que integran la red de Fademga en las cuatro provincias gallegas atienden a miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias, y buena parte de ellos dependen de la financiación pública autonómica para operar.

¿PROTESTAS?

Pese al tono de denuncia, Fademga no cierra la puerta al diálogo. La federación ha declarado que mantiene su disposición a negociar y a buscar salidas al conflicto por cualquier vía. Sin embargo, advierte con claridad: si no se producen avances reales en un plazo razonable, se verán obligadas a retomar las movilizaciones, incluyendo concentraciones y manifestaciones en defensa de los derechos del sector.

La pelota está, una vez más, en el tejado de la Xunta. El silencio de la Consellería de Política Social durante más de tres meses ha sido, según Fademga, la chispa que ha vuelto a encender un conflicto que muchos daban por cerrado.