El PP de Guitiriz recurre el archivo de la causa contra la alcaldesa y pide pruebas sobre su participación telemática

El Partido Popular de Guitiriz ha presentado un recurso contra el archivo de las actuaciones judiciales abiertas contra la alcaldesa al considerar que la decisión es "precipitada" y que todavía quedan diligencias "relevantes" por practicar.

En concreto, los populares han interpuesto un recurso de reforma y, de forma subsidiaria, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, al tiempo que han solicitado la adopción de medidas para la preservación de las evidencias digitales relacionadas con las sesiones de la junta de gobierno local investigadas.

Fue el Tribunal de Instancia de Vilalba el que comunicó este martes el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, tras no encontrar "indicios suficientes de delito" en relación con el cobro de dietas durante un viaje oficial a Portugal.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular en el municipio, que acusaba a la regidora de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El origen de la controversia se situaba en un desplazamiento privado realizado a Portugal entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025, por el que la alcaldesa percibió 381,65 euros en concepto de dietas. Además, cuestionaba también la supuesta asistencia a una Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de diciembre. El PP amplió su denuncia posteriormente en relación a otra junta de gobierno de febrero de 2026, por una situación similar.

Sin embargo, el auto judicial concluye que la documentación aportada acredita tanto la legalidad de las dietas --ajustadas al acuerdo plenario vigente-- como la asistencia de la alcaldesa a la citada junta mediante medios telemáticos.

Ante el cierre de la investigación, el portavoz del PP, José Manuel López, ha explicado que el recurso presentado se fundamenta en que el auto de archivo "no hace referencia a la ampliación de la denuncia" y deja sin resolver cuestiones como la verificación de la participación telemática de la alcaldesa, la autenticidad e integridad de las actas y la existencia de trazabilidad digital de las sesiones.

Antes de que se dictase el auto de sobreseimiento, con fecha 7 de abril, el grupo popular había solicitado el día anterior la entrega de las actas electrónicas originales o, en su defecto, los archivos digitales con la grabación de las sesiones de la junta de gobierno local celebradas el 10 de diciembre de 2025 y el 4 de febrero de 2026. Asimismo, reclamaron los expedientes completos y la preservación de todas las evidencias digitales vinculadas a ambas reuniones.

Según López, aunque el Reglamento Orgánico Municipal contempla la posibilidad de celebrar sesiones telemáticas, "esto no acredita que la alcaldesa participase a distancia en dichas sesiones". En este sentido, el portavoz ha recordado que la normativa municipal establece requisitos concretos para la celebración de reuniones a distancia, como la utilización preferente de sistemas de videoconferencia que permitan la identificación visual de los asistentes y la generación de una grabación audiovisual de la sesión.

Además, ha subrayado que para la validez de la participación telemática los miembros deben encontrarse en territorio español y acreditar su identidad mediante sistemas electrónicos.

El PP pone el foco especialmente en la sesión del 10 de diciembre de 2025, al coincidir con un viaje de la alcaldesa a Portugal. "Uno de los requisitos es estar en territorio nacional, y la propia alcaldesa reconoció estar en el extranjero al solicitar el cobro de dietas por ese desplazamiento", ha señalado López.

En paralelo, los populares han cuestionado también el cobro de dietas tanto por la asistencia a la citada junta de gobierno como por el propio viaje a Águeda (Portugal), que tuvo lugar entre el 9 y el 11 de diciembre de 2025. Según han indiciado, el importe abonado con fondos públicos ascendió a 381,65 euros, una cantidad que consideran superior al coste real del desplazamiento, fijado en un máximo de 310 euros según las condiciones del viaje organizado por una entidad privada.

José Manuel López ha defendido que su formación ha actuado "conforme a la ley", al trasladar a la justicia unos hechos que consideran relevantes para la defensa de los intereses generales del municipio. "Es nuestra obligación como representantes públicos garantizar el correcto uso de los recursos y la transparencia en la gestión", ha concluido.