La Xunta exige al Gobierno toda la información enviada a la UE sobre la reforma del reglamento de Costas

Pide suspender el plazo de presentación de alegaciones y vuelve a reclamar que se convoque la Conferencia Sectorial

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha remitido este jueves una carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que exige toda la información remitida por el Gobierno central a Bruselas, en el marco del procedimiento de infracción abierto contra España por no trasponer al ordenamiento jurídico español la directiva de servicios, y no haber modificado la Ley de Costas estatal para adaptar a dicha norma comunitaria.

Asimismo, la conselleira ha solicitado la suspensión del plazo para la presentación de alegaciones al anteproyecto del Real Decreto de modificación del Reglamento General de Costas (que expira el 15 de abril), a la espera de contar con toda la documentación. Todo ello con el fin de "poder hacer sugerencias de manera fundamentada, con conocimiento de todos los pasos dados y las implicaciones de cada medida".

Para Ángeles Vázquez, la "urgencia repentina" del Gobierno para modificar el Reglamento "está injustificada", ya que mientras está abierto el procedimiento de infracción se puede negociar y buscar una solución consensuada.

Asimismo, tras insistir en que hay intereses privados y públicos en juego, Ángeles Vázquez ha vuelto a pedir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Costas, para que las CCAA que tienen competencias exclusivas en la ordenación del litoral puedan ofrecer salidas adecuadas y permitir el equilibrio entre el cumplimiento de la normativa y el respeto a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

En ese sentido, el gobierno gallego ha vuelto a lamentar que la reforma del Reglamento se ha tramitado "sin diálogo ni transparencia", y solo se ha podido conseguir información "por la vía de la presión y la insistencia".

En su carta a la ministra, Ángeles Vázquez ha recordado que las CCAA solo han tenido acceso al dictamen motivado de Bruselas sobre el procedimiento de infracción, y así pudieron comprobar que la intención del Ministerio es "derogar las prórrogas ordinarias y extraordinarias, y la duración total de las concesiones", lo que supone conculcar los derechos de los titulares y poner en riesgo el futuro de su actividad.

Según ha apuntado la Xunta, el Gobierno de España no está cumpliendo con lo que le exige Bruselas, que es la adaoptación de la normativa española a la directiva de servicios, mediante una modificación de la Ley de Costas. Por contra, opta por la vía del Real Decreto "para evitar el debate parlamentario, dado que carece de mayoría suficiente" en las Cortes.

Al respecto, ha advertido de que reformar la normativa introduciendo cambios en el Reglamento es un modo de proceder "nulo de pleno derecho", y ha añadido que esa reforma generará "una grave inseguridad jurídica" y "perjuicios irreparables" en el ámbito socioeconómico. Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de poner el expediente abierto por la UE como "pretexto" para llevar a cabo unos planes "que vienen de años atrás".