Un hombre afronta 20 años de cárcel por agresión sexual a dos niñas, todos vinculados con los Testigos de Jehová en Vigo
La Fiscalía ve acreditados los hechos, pero el hombre los niega y denuncia un "chantaje": "Se han aprovechado de mí"
Un hombre, que era miembro de una congregación de Testigos de Jehová de Vigo, se ha sentado este martes en el banquillo de la sección 5ª de la Audiencia de Pontevedra, acusado de tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos con introducción de miembro corporal, cometidos supuestamente sobre dos niñas a las que conocía a través de la comunidad religiosa a la que pertenecía.
Los hechos objeto de acusación ocurrieron en abril de 2024, cuando se produjeron, según la Fiscalía, varios episodios en los que el acusado, J.C.M.A., había llevado a cabo esas agresiones. Las acusaciones sostienen que, para complacer a las niñas, el procesado les hacía regalos, les compraba ropa o les pagaba la manicura. Dichos episodios fueron relatados por las víctimas, que en ese momento tenían 15 años, en el plenario de este martes, a puerta cerrada.
Una de las niñas acabó confesando lo que estaba ocurriendo a una conocida de la familia, también miembro de la congregación y la otra también trasladó los supuestos abusos. De este modo, los 'ancianos' de esta comunidad religiosa sometieron al acusado a un "comité judicial" en el que "fue llamado a capítulo" y se le expulsó por su "grave pecado", según ha declarado un testigo, padre de una de las menores.
Sin embargo, desde la congregación no se denunciaron los hechos, sino que fue una de las menores la que acudió con sus padres a Comisaría y, posteriormente, la otra niña (cuya madre se enteró de lo sucedido por la citación policial).
En el juicio, el padre de una de las denunciantes ha explicado que el comportamiento del acusado con su familia era de cercanía, ya que el hombre les ayudaba y tenía "atenciones" con ellos y con la niña. "Decía que era su abuelo", ha explicado ante el tribunal.
Este testigo ha apuntado que, según el relato de su hija, el acusado le dijo que no hablase de lo ocurrido porque se les iba a "joder la vida" a todos y serían "expulsados", y ha proclamado que su intención al denunciar lo sucedido a su hija no era la posible indemnización: "El dinero no me interesa, solo quiero que este tipo acabe preso, es una rata, una porquería".
La madre de la otra menor ha explicado que se enteró de los hechos por una citación de la Policía, ya que ella se había "apartado" de la congregación porque habían ocurrido "abusos que no se habían denunciado". Sin embargo, su hija mantenía amistad con la otra menor y, a través de ella, había entablado relación con el acusado.
Tras destaparse las supuestas agresiones sexuales e iniciarse el proceso policial y judicial, ha señalado, la vida de su hija y de su familia "se rompió", "se derrumbó".
Ambas menores siguen en terapia psicológica, con trastorno de estrés postraumático y episodios de depresión, ansiedad y autolisis. De hecho, la terapeuta de una de ellas ha declarado que la niña estaba en situación de "extrema vulnerabilidad" por sus circunstancias personales y familiares, y que sigue "muy mal"; asimismo, ha matizado a preguntas de la defensa que "nunca" se puede hablar de fabulaciones cuando se trata de un menor abusado, sino que los niños usan recursos como la desconexión o las omisiones como mecanismos "para sobrevivir" a este tipo de traumas tan graves.
"CHANTAJE"
Por su parte, el acusado, que solo ha declarado a preguntas de su abogado y del tribunal, ha reconocido el contacto con una de las niñas, a raíz de la relación de amistad que le unía con su familia; mientras que a la otra denunciante la conoció por la amistad que tenía con esa menor.
Según su relato, los hechos de los que se le acusa "nunca" sucedieron, y ha insinuado que las conversaciones de Whatsapp que figuran en la causa entre él y las menores pudieron haber sido manipuladas, ya que le prestaba el teléfono a una de ellas.
J.C.M.A. ha insistido en que es una persona "muy hospitalaria", siempre dispuesto a "ayudar" a su comunidad y ha subrayado que ha sido víctima de un intento de "chantaje" por parte de las menores, que le pidieron dinero a cambio de no denunciarle.
En su alegato final, el acusado ha insistido en que no ha hecho "nada" y ha puesto en valor que es un hombre "felizmente casado desde hace 44 años", que cumple con sus obligaciones como empresario y que paga "dignamente" los impuestos. "Yo he pecado de ser buena persona, se han aprovechado de mí", ha proclamado.
INFORMES FINALES Y PENAS
En su informe final, la Fiscal ha señalado que los hechos han quedado acreditados, ya que el testimonio de las víctimas ha sido "minucioso", "coherente" y sin ánimo espúreo. Además, ha reconocido que "da la impresión de que ocurrió mucho más de lo que se ha traído a juicio".
El hecho de que las niñas le hubieran pedido dinero al acusado no elimina la comisión de los delitos, ha señalado, y ha añadido que la declaración de las denunciantes se completa con otras pruebas, entre ellas el hecho de que el acusado, "al saber que los hechos podían salir a la luz, no los negó, sino que les envió mensajes suplicando que no lo contaran porque le podían arruinar la vida".
Igualmente, ve acreditados los daños morales y psicológicos a las menores, que siguen en tratamiento, y ha recordado que la versión dada en el juicio por el acusado "no se sostiene".
En la misma línea se han pronunciado las abogadas de las acusaciones particulares, que han defendido que los testimonios de las jóvenes fueron "firmes", pese al intento del acusado de mostrarse como "un pobrecito al que han engañado y manipulado el móvil".
Por su parte, la defensa ha remarcado que "todo se basa en capturas de conversaciones de Whatsapp" que no se ha podido demostrar "que no hayan sido manipuladas" porque no se aportaron los mensajes originales, y ha hecho hincapié en las "innumerables contradicciones" de las chicas, que "se contradicen consigo mismas y entre ellas". "No hay prueba, solo lo que dicen ellas", ha concluido.
Este abogado, que pide la libre absolución, ha añadido que "sí hay un ánimo espúreo" en las denunciantes, que lo que pretendían era "sacarle dinero" al acusado. Por tanto, ha resumido, "no se ha enervado la presunción de inocencia".
La Fiscalía pide un total de 20 años de prisión para el procesado, por tres delitos de agresión sexual; mientras que las acusaciones piden 5 y 15 años respectivamente. En cuanto a la responsabilidad civil, el ministerio público reclama 15.000 euros de indemnización para cada víctima, mientras que las acusaciones particulares solicitan 30.000 euros cada una.
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