Zapatero imputado, su despacho y el de sus hijas, registrado por sospechas de blanqueo relacionadas con Venezuela

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta al momento más grave de su vida pública tras ser investigado por la Audiencia Nacional en el denominado caso Plus Ultra. El magistrado José Luis Calama, titular del juzgado de instrucción número 4 del alto tribunal, le imputa presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, integración en organización criminal y falsedad documental. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un expresidente del Gobierno queda directamente investigado en una causa por corrupción.

La citación para declarar está fijada para el próximo 2 de junio en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Allí Zapatero deberá responder ante el juez Calama sobre su presunta vinculación con las operaciones económicas que rodean el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El magistrado investiga si existió una estructura empresarial organizada para introducir fondos de origen ilícito en el circuito financiero legal.

Registros simultáneos este martes

Mientras se conocía la imputación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarrollaba este martes una operación con registros simultáneos en varias oficinas y sociedades vinculadas al entorno del expresidente. Entre los locales inspeccionados figuran el despacho personal de Zapatero, la agencia de sus hijas —identificada como Whathefav SL— y otras dos mercantiles bajo sospecha. Los investigadores centran su análisis en movimientos económicos realizados entre 2020 y 2025 a través de contratos de consultoría y comunicación cuya actividad real no habría quedado plenamente acreditada ante los investigadores.

Uno de los ejes de la investigación es la mercantil Análisis Relevante SL, creada en febrero de 2020 por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y presunto testaferro según las sospechas policiales. Esta consultora facturó a Plus Ultra y, paralelamente, trasladó pagos al expresidente en concepto de trabajos de asesoramiento global. De acuerdo con lo que el propio Zapatero reconoció públicamente, cobró más de 400.000 euros en cinco años procedentes de esa sociedad, además de facilitar que sus hijas trabajaran en la maquetación de informes.

Martínez Martínez fue detenido en diciembre durante la primera fase de la operación, cuando la UDEF registró también la sede de Plus Ultra y arrestó al presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y a su consejero delegado, Roberto Roselli. El vínculo que complica especialmente la situación judicial del expresidente es la existencia de un contrato que reconocía a Julio Martínez Martínez una comisión del 1% en caso de que el Gobierno entregara íntegramente la ayuda de 53 millones. Zapatero siempre ha negado haber ejercido presión alguna para favorecer ese rescate.

La investigación no se detiene en el rescate de la aerolínea. La UDEF maneja la hipótesis de que parte del dinero rastreado tendría origen en operaciones ligadas a Venezuela, especialmente a fondos vinculados a la petrolera estatal PDVSA y a programas impulsados por el chavismo. El objetivo de los investigadores es determinar si una red de sociedades fue utilizada de forma sistemática para ocultar el origen del capital y facilitar transferencias internacionales difíciles de rastrear. Cabe recordar que los propietarios de Plus Ultra tienen vínculos declarados con Venezuela, circunstancia que ya estaba en el origen de las críticas al rescate cuando fue aprobado.

La causa tiene también ramificaciones internacionales. La Fiscalía especializada lleva indagando desde 2024 el paradero del dinero del rescate, después de recibir dos solicitudes de información procedentes de Suiza y Francia por presunto blanqueo de capitales en ambos países. A finales de 2025 el asunto fue judicializado en Madrid, y desde diciembre la causa se concentra en el juzgado del magistrado Calama, quien acaba de acordar el levantamiento del secreto de sumario que había mantenido las diligencias bajo reserva durante meses.

Reacción política

La noticia ha generado un impacto político inmediato. Desde el Partido Popular, su secretario general, Javier Tellado, reclamó al Gobierno explicaciones inmediatas, calificando la imputación de «gravedad extrema» y subrayando que Zapatero es «el principal consejero de Sánchez». Vox aprovechó la ocasión para exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra el Ejecutivo. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, barón del PSOE crítico con la dirección federal, afirmó que la noticia le deja «de piedra» y pidió que el asunto quede aclarado cuanto antes. 

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se limitó a publicar en redes sociales el mensaje «No pararán», sin hacer mención explícita al expresidente.

El caso sigue su curso judicial con varios investigados: además de Zapatero, permanecen bajo investigación Julio Martínez Sola, Roberto Roselli, el abogado de la compañía Santiago Fernández Lena, otro letrado madrileño y un banquero peruano identificado como Luis Felipe Baca.