Un hombre identificado como J.C.M.A., miembro de una congregación de los Testigos de Jehová de Vigo, se sentó este martes en el banquillo de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años, uno de ellos con introducción de miembro corporal. Las supuestas víctimas eran dos niñas de 15 años a las que conocía a través de la comunidad religiosa a la que pertenecía, y los hechos habrían ocurrido en el año 2024.

Según el relato de la Fiscalía, el procesado captó la confianza de las menores mediante un patrón sistemático de regalos, compra de ropa y pagos de manicura. El juicio se celebró a puerta cerrada para proteger a las víctimas, que declararon sobre los episodios vividos cuando tenían 15 años. Una de las niñas confesó lo sucedido a una conocida de la familia que también pertenecía a la congregación, mientras que la otra menor también trasladó su testimonio a personas de su entorno.

El padre de una de las víctimas explicó en sala que el acusado se comportaba como alguien de confianza, que ayudaba a la familia y se presentaba como una figura casi familiar: «Decía que era su abuelo», declaró ante el tribunal. Ese mismo testigo relató que el procesado habría advertido a su hija de que guardara silencio, amenazándola con que contar lo ocurrido acarrearía consecuencias graves para todos.

El supuesto silencio de los «ancianos»

Lo que ocurrió después de que las agresiones salieran a la luz dentro de la congregación ilustra un patrón ampliamente documentado en el ámbito de los Testigos de Jehová. Los «ancianos» de la comunidad, una vez conocidos los hechos, sometieron al acusado a un denominado «comité judicial» interno y lo expulsaron por su «grave pecado», según declaró en el juicio el padre de una de las menores. Sin embargo, nadie de la congregación dio parte a la Policía. Fue una de las propias niñas quien, junto a sus padres, acudió a Comisaría a denunciar los hechos.

La madre de la otra menor explicó que se enteró de lo sucedido únicamente a través de una citación policial. Ella se había alejado de la congregación precisamente por haber conocido «abusos que no se habían denunciado» en el pasado. Su hija, sin embargo, mantenía amistad con la primera víctima y a través de ella había entrado en contacto con el acusado. La mujer describió cómo, tras conocerse las agresiones y comenzar el proceso judicial, la vida de su familia «se rompió», «se derrumbó».

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Ambas menores continúan en tratamiento psicológico. La terapeuta de una de ellas declaró en el juicio que la niña se encontraba en una situación de «extrema vulnerabilidad» y que sigue «muy mal». La profesional también precisó, a preguntas de la defensa, que nunca cabe hablar de fabulaciones cuando se trata de un menor que ha sufrido abusos, y que recursos como la desconexión o las omisiones son mecanismos de supervivencia ante traumas de esta gravedad.

En España, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ) lleva años documentando casos en los que esta organización religiosa ha gestionado internamente denuncias de abusos sexuales sin trasladarlas a las autoridades civiles. La lógica interna de la congregación se basa en textos bíblicos —en concreto el pasaje de 1 Corintios 6:1-8— para desalentar que los conflictos entre miembros se diriman ante la justicia ordinaria, priorizando la resolución a través de los propios ancianos.

El aspecto más controvertido es la denominada «regla de los dos testigos», de raíz bíblica, que exige la presencia de al menos dos testigos presenciales o una confesión expresa para que los ancianos consideren acreditado un delito. En la práctica, esto ha implicado que numerosos casos de abuso sexual a menores hayan sido archivados internamente sin denuncia, dejando a las víctimas expuestas. 

La postura oficial de la organización es que no prohíben a sus miembros denunciar delitos graves a las autoridades civiles ni colaborar con la justicia. Sin embargo, los exmiembros y las organizaciones de víctimas denuncian que, en la práctica, acudir a la Policía puede ser percibido como una afrenta a la congregación, y que en casos extremos puede derivar en el ostracismo o expulsión del denunciante. 

La presión judicial sobre esta organización se ha intensificado en España en los últimos años. En abril de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una sentencia de primera instancia favorable a la AEVTJ, concluyendo que ni el nombre de la agrupación ni sus críticas a los Testigos de Jehová lesionan el honor del movimiento, y que calificarles de «secta destructiva» está amparado por la libertad de expresión.  

Las prácticas de los Testigos de Jehová en relación con los abusos sexuales han sido investigadas también en otros países: en Australia en 2015, en Japón en 2022 y 2023, y en Bélgica, donde en 2021 fueron condenados penalmente por incitar a la discriminación contra exmiembros.

El acusado niega los hechos y alega chantaje

En el juicio celebrado en Pontevedra, el procesado solo respondió a las preguntas de su abogado y del tribunal. Reconoció haber tenido contacto con una de las niñas por la relación de amistad que le unía a su familia, y conocer a la segunda a través de la primera. Negó categóricamente que las agresiones hubieran tenido lugar e insinuó que los mensajes de WhatsApp incorporados al procedimiento podrían haber sido manipulados, dado que en ocasiones prestaba su teléfono a una de las menores.

El acusado sostuvo que había sido víctima de un intento de chantaje, alegando que las niñas le habrían solicitado dinero a cambio de no denunciarle. En su alegato final insistió en que no había hecho «nada» y destacó que es un hombre «felizmente casado desde hace 44 años» y un empresario cumplidor. «Yo he pecado de ser buena persona, se han aprovechado de mí», proclamó.

La Fiscalía rechazó esta versión. Señaló que el testimonio de las víctimas fue «minucioso», «coherente» y sin ánimo espúreo, y subrayó que el propio comportamiento del acusado —enviar mensajes suplicando que no contaran lo ocurrido— contradice su tesis. «Da la impresión de que ocurrió mucho más de lo que se ha traído a juicio», afirmó la fiscal. Las acusaciones particulares coincidieron en que los testimonios de las jóvenes fueron «firmes».

La defensa, en cambio, argumentó que las pruebas se reducen a capturas de conversaciones cuya autenticidad no ha podido acreditarse y que existen «innumerables contradicciones» entre los relatos de las denunciantes. El abogado defensor solicitó la libre absolución. La Fiscalía pide 20 años de prisión por los tres delitos de agresión sexual, más 15.000 euros de indemnización para cada víctima; las acusaciones particulares reclaman 5 y 15 años de cárcel respectivamente, y 30.000 euros de indemnización para cada menor. La vista quedó vista para sentencia.