El juez del 'Villa de Pitanxo' pide saber si se puede bajar al pecio para "comprobar" las versiones sobre el naufragio

Pregunta al Ministerio de Transportes si en su comisión de accidentes marítimos hay peritos capacitados para analizar esta opción


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Archivo - El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (i-morado), y su sobrino, Eduardo Rial (c-blanco), a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España)
Archivo - El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín, y su sobrino, Eduardo Rial, a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' ha acordado que se realice un informe pericial para saber si se puede acceder al pecio, es decir, a los restos del fondo del mar de la embarcación hundida el pasado febrero en aguas de Terranova, en Canadá, un accidente marítimo que acabó con la vida de 21 marineros.

 

El juez Ismael Moreno acepta lo interesado por la Fiscalía y ordena esta diligencia para "determinar la causa del siniestro y la multiplicidad de datos técnicos acerca de posición y derrota del buque y su cronología".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 quiere saber "si es posible acceder al pecio", su "utilidad y necesidad" y si ello sería eficaz para comprobar "los extremos referidos en las distintas versiones de los hechos" por los supervivientes.

 

De esta manera el juez se refiere a otro de los puntos sobre los que se pide opinión a los peritos: "Si con los datos" actuales "se puede descartar o no alguna de las versiones" dadas por los supervivientes en cuanto a "la forma en la que se desarrollaron los hechos y, por lo tanto, la causa probable del accidente, así como sobre la corrección de las decisiones adoptadas por el capitán", el único imputado.

 

En un auto de abril, la Audiencia Nacional puso "en duda" la versión dada por el patrón del barco, Juan Padín, que declaró que los componentes de la tripulación se pusieron los equipos de salvamento, mientras que uno de los supervivientes, Samuel Kwesi, aseguró que no. "Este hecho queda corroborado con la realidad de que ni el citado marinero ni ninguno de los cadáveres recuperados tenía el equipamiento de seguridad puesto", destacó la Audiencia al devolver la investigación a Galicia.

 

El magistrado acuerda preguntar a la 'Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos' del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que le comunique si su personal está capacitado para elaborar dicho informe pericial oque, si considera que no lo está, le indique qué organismo o departamento sería el "idóneo" para ello.

 

Familiares de las 21 víctimas mortales del naufragio se reunieron a finales de julio en Madrid con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para urgir al Gobierno a bajar el pecio para poder así recabar pruebas y concluir las causas del siniestro. Al término del encuentro lamentaron que el Ejecutivo no había "madurado" aún esta decisión.
 

RESUELTA LA CUESTIÓN DE COMPETENCIA

A principios del mes de septiembre, el juez Moreno acordó finalmente asumir la competencia del tribunal para investigar así el hundimiento del pesquero, tras haber rechazado la propuesta de inhibición interesada por la Fiscalía y por la representación de Pesqueras Nores Marín SA y de Juan Enrique Marín.

 

El Ministerio Público ha apuntado que la competencia sería de los Juzgados de Instrucción de Marín, la ciudad donde se encuentra el puerto base del barco naufragado. De esta manera lo plasmó la Fiscalía en el informe que remitió el pasado mes de marzo al juez instructor, en el cual ya avisaba de que la Audiencia Nacional, bajo su punto de vista, no era competente para ahondar en los hechos.

 

Moreno acordó posteriormente el 4 de abril inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Marín. No obstante, el juzgado pontevedrés rechazó la inhibición al entender que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos en aguas internacionales.

 

La Fiscalia pasó a emitir con posterioridad un segundo informe sosteniendo que la competencia para indagar en los hechos era de los juzgados de Vigo, por ser el puerto de la ciudad desde el que partió el barco el pasado 26 de enero. Extremo que finalmente el juez rechazó.

 

María José de Pazo, portavoz de las familias de las víctimas, valoró que la Audiencia Nacional sea competente para instruir la causa al manifestar que los familiares estaban "muy contentos" de la noticia, ya que ya van "camino de siete meses" desde el naufragio del pesquero.

 

En la Audiencia Nacional se investiga actualmente si hubo "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores".

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