El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de Ley de Integridad Pública, un conjunto de 84 medidas para prevenir y castigar la corrupción que endurece sanciones, amplía la transparencia en la financiación política y crea una agencia independiente anticorrupción. El Ejecutivo espera que el texto quede aprobado antes del final de la legislatura.
Asegura que la ciudadanía está "harta" de la corrupción y que tiene "miedo" de que "un Trump asalte la Moncloa"
Díez ha negado haber trabajado para el PSOE en ninguna labor de "fontanera" o recadero político, insistiendo en que su actividad reciente responde únicamente a su labor como periodista de investigación, y no como representante ni emisaria del partido. Ha recalcado que la recopilación de información que realizó, y que entregó en un 'pendrive' al PSOE, formaba parte de un proyecto personal para un libro. El PSOE ha remitido el dispositivo a la Fiscalía.
Las querellas dirigidas contra ellos les acusan de ocultar la situación financiera de la entidad en las ampliaciones de capital.
Ha insistido en que la sociedad radicada en Panamá que heredó de su padre "no supone ilegalidad ni irregularidad".
Una información periodística revela que el cuestionado Manuel Moix heredó la sociedad que está declarada a Hacienda.
En Marea tilda de "corrupto" al fiscal anticorrupción y el PP ve "inapropiadas" esas manifestaciones.
Según Anticorrupción, la eléctrica obtuvo presuntamente de forma ilícita hasta 20 millones coincidiendo con una ola de frío en 2013.
El ministro desvincula el mensaje de las investigaciones contra el expresidente madrileño, que tuvo un micrófono oculto en su despacho.