Galego
Funcionarios
Esta situación, tras el pacto alcanzado por el gobierno autonómico, CCOO y UGT pone en riesgo los complementos acordados en el Acuerdo de Concertación de la carrera profesional de la Xunta.
A la anterior sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se suma ahora una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, reconociendo el derecho de los funcionarios a cobrar los incrementos retributivos que contempla la Ley de Presupuestos y los trienios que los empleados públicos generen durante sus bajas médicas.
La secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda y el subdirector de Patrimonio son los dos cargos acusados de intentar coaccionar a dos ancianos residentes en un inmueble propiedad de la Xunta. En la información, adelantada por Faro de Vigo, se advierte que una de las afectadas vive en un hotel desde hace meses después de que le cortaran el servicio de ascensor.
Los sindicatos de función pública denuncian que los empleados públicos de esta comunidad son los que con más fuerza han sufrido los ajustes durante la crisis, por lo que exigen recuperar "lo hurtado".
Aunque tanto la Xunta como los trabajadores acercaron sus exigencias, continúa la huelga indefinida.
El comité de huelga carga con dureza contra el presidente, al que acusan de "burdas manipulaciones".
Los representantes de los trabajadores recuerdan que le toca "mover ficha" a la Xunta, que rechazó la mediación.
Unos 2.000 empleados públicos se manifestaron por Santiago mientras numerosos juicios tuvieron que ser suspendidos.
Los sindicatos elevan a un 90% el seguimiento que la Xunta reduce a un 46,9%.
Critican que la Xunta no ha ofrecido "ningún documento con plazos" y que, por tanto, "no hubo ningún avance".
Los funcionarios gallegos exigen a la Xunta la equiparación salarial con sus colegas de otras comunidades.
El sindicato denunció falta de espacio en las nuevas dependencias de los juzgados y la Xunta respondió poniendo mesas más pequeñas.
El sindicato CSIF respalda la iniciativa porque dice que actualmente "son los peor pagados de la provincia de Pontevedra".
La edil María Rozas culpa al Gobierno de Agustín Hernández de dejar al consistorio sin funcionarios suficientes para la carga de trabajo.
Un pleno municpal extraordinario aprobó un complemento de productividad impulsado para frenar el "absentismo".
Quienes están ocupando las plazas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional irregularmente ya cobran por ello, por lo que cubrirlas con el funcionario a quien le corresponde no aumentaría el gasto.
El Govern sostiene que no obligará a los empleados públicos a participar en el referéndum independentista del 1 de octubre.
Dependiendo de la aprobación de las cuentas del Estado, la subida se aplicará ya en la nómina de junio o julio, y con carácter retroactivo.
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