Indemnización

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado una sentencia de primera instancia que obliga a una empresa a indemnizar en 10.000 euros a un vigués por haber cedido sus datos a los ficheros de solvencia patrimonial de dos firmas por una supuesta deuda que no existía.

Un cirujano reconoció a un paciente que cuando lo operaron a él hubo otro caso de infección por la misma bacteria y  que no se investigó otras posibles infecciones en otros enfermos. Este paciente acabó falleciendo en 2019 y el propio SERGAS acaba de admitir por vía administrativa pagarle  220.000€ a la familia. Posteriormente, sí hubo un screening de casos similares. La documentación indica que hay constancia de otros cinco casos de infecciones semejantes en Galicia, una decena en España.

Condenan al SERGAS a indemnizar con 100.000 euros a la familia de una mujer que murió durante el parto

Los pasajeros españoles que puedan verse afectados por las cancelaciones de la huelga de pilotos de la compañía Ryanair tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros, según el caso

Condenan al Sergas a indemnizar con unos 60.000 euros a los cincos hijos de una paciente fallecida de un infarto de miocardio a las pocas horas de ingresar en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol

Un error humano supuso que una paciente tuviera que ser intervenida quirúrgicamente sin que fuera necesario. 

El hombre sufrió la amputación de uno de sus testículos durante una intervención para ser tratado de una hernia. 

Lamentan que no fuese aceptada la estimación económica de la Fiscalía, que cifraba en casi 4.500 millones la reparación del daño.

El Supremo había situado la cantidad en 513 millones, pero los magistrados concluyen "la necesidad de aumentar la indemnización".

La Fiscalía pide "mejorar en capacidad de respuesta jurídica" y a la hora de reclamar indemnizaciones.

El tribunal equipara su situación a la de cualquier otro trabajador temporal, en línea con lo dictado por la Justicia europea.

El Sergas proponía indemnizar con 267.000 euros a las hijas al admitir "una falta de supervisión" y un "fallo en el sistema de prevención". 

El contrato de Saracho también contemplaba una prima de entrada de cuatro millones de euros, ya percibida por el directivo.

El fallo acoge en parte la demanda y obliga al gobierno autonómico a indemnizar con un total de 52.500 euros a los recurrentes. 

La jueza impone a los cuatro acusados la obligación de prestar fianza solidaria por importe de 200.000 euros. 

El BNG denuncia que Abanca niega la documentación sobre la compensación opaca del ex directivo y sobre la venta de los activos de las cajas extintas.

La empresa deberá pagar 457 euros a cada uno de los 18 trabajadores demandantes, detraídos por su participación en los paros. 

Como consecuencia del error no fue contratado por una empresa, al ser declarado no apto, y perdió el puesto que desempeñaba. 

El acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba cinco años, por lo que no llegó a celebrarse el juicio. 

Asegura que la indemnización a una empresa por el cambio del modelo eólico responde a gastos incurridos al presentar la documentación.