política social

Las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de residencias y centros de día privados no son nada nuevo bajo el sol. Y eso que antes y sobre todo después de la pandemia se dejaron ver las deficiencias que afrontaban muchos de estos centros privados. Ni la intervención de autoridades públicas ha sido suficiente para eliminar salarios bajos, horarios extenuantes, tareas no contempladas en según qué categorías profesionales y un largo etc que parece no tener fin

La Asociación en Defensa del Sistema Público de la Dependencia y Discapacidad (ASGADeD), consultada por Galiciapress, ofrece su punto de vista tras el anuncio de la Xunta de Galicia para impulsar la red de residencias públicas en la comunidad con la creación de 1.800 nuevas plazas, incrementando un 15% el número de sitios disponibles en la actualidad. Sin embargo, en una comunidad tan envejecida, el incremento sigue siendo "insuficiente" para ASGADeD, que censura la falta de concreción sobre el modelo de titularidad y gestión que contempla el Gobierno de Galicia para estos centros. 

El colectivo muestra su respaldo a los trabajadores de geriátricos y centros de día, que volverán a concentrarse el próximo 22 de abril. 

Cinco años después de la epidemia del coronavirus la situación en la residencias sigue dejando mucho que desear como prueba el conflicto laboral que hay en la provincia de A Coruña.

Cinco años después del inicio de la pandemia y del primer confinamiento, Galiciapress acude al personal de distintos geriátricos de Galicia y a colectivos de usuarios y familiares de residencias para conocer la realidad de estos centros una vez superada la crisis sanitaria. El panorama que dibujan las voces consultadas es peor que en 2020: más precariedad, menos personal, procesos de psiquiatrización de algunos centros... La conclusión que ofrecen es una perspectiva aterradora: "Si vuelve a pasar cometeremos los mismos errores".

Para justificar su no a recibir menores inmigrantes no acompañados que ahora se hacinan en Canarias y Ceuta, la Administración Gallega ha dicho que sus plazas de acogida están al 104%. Acoger a unos cientos de menores para una comunidad de 2,7 millones de personas no debería ser mayor problema logístico si hay voluntad política, replica el Foro Galego pola Inmigración, crítico con la “respesta insolidaria de la Xunta".

La CIG, sindicato convocante de los paros, pide a la conselleira de Política Social que deje de "sentirse ofendida y victimizada" por la polémica viñeta y medie con la patronal.

Los trabajadores de la residencia compostelana denuncian el proceso de "psiquiatrización" que están viviendo en unas instalaciones donde conviven ancianos con personas con problemas mentales y adicciones. Xan Carlos Ansia, uno de los profesionales del centro, explica a Galiciapress la situación "desesperada" en la que se encuentran. 

La regidora socialista ha trasladado su apoyo a la conselleira de Política Social, que denunció el polémico cartel satírico del sindicato nacionalista. 

"¿Le dirían algo así a un concelleiro?", se pregunta la titular de Política Social, muy criticada por su gestión en los geriatricos.

La residencia Castro Ribeiras de Lea de Castro de Rei es uno de tantos geriátricos que sufren la decisión de la Xunta de eliminar la obligatoriedad de contar con enfermeras las 24 horas del día. De titularidad pública pero gestión privada, en manos de CK Senior, la situación en el centro es crítica por la falta de personal, tal y como relata una de sus enfermeras, Sonia Jalda, que explica para Galiciapress el día a día de un personal sobrecargado y que no puede prestar la atención adecuada a los usuarios: "Parece que estamos en una cadena de montaje". 

El DOG recoge la reestructuración orgánica de Política Social para el tratamiento diferenciado de la valoración de dependencia y discapacidad.

Rosendo Fernández, uno de los portavoces de la Plataforma ProCAPD Ourense que defiende la gestión pública del Centro de Atención a Personas con Discapacidad que la Xunta proyecta delegar sobre una "entidad sin ánimo de lucro", pero por la que firmará un contrato de tres años por 14 millones de euros, una cifra superior a la que ha costado la contrucción de este centro sometido a continuos retrasos en la única provincia de Galicia sin un organismo de este tipo. 

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) se estrenó esta mañana en Santiago de Compostela en una rueda de prensa donde fijó sus objetivos en un momento en el que el sistema de dependencia está cada vez más privatizado y en donde muchas familias sufren "el machaque y la violencia institucional" de la Xunta de Galicia.

Mañana será la puesta de largo de la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD) en Santiago de Compostela.

La Consellería de Política Social ha replicado a las criticas del BNG en materia de dependencia y ha defendido la nueva normativa de la Xunta, que está en vigor desde este mes de enero, y que busca "agilizar y simplificar" los trámites 

La polémica sobre la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense ha desencadenado una ola de protestas y manifestaciones en la ciudad das Burgas. Partidos políticos, plataformas ciudadanas y familias afectadas exigen a la Xunta de Galicia que mantenga su promesa de una gestión pública directa del centro

Varios colectivos denuncian que la Consellería de Política Social está beneficiando a empresas privadas con su gestión de residencias y centros de día

Delegadas de la CIG de Ferrolterra, de centros como los DomusVi de Narón o Ferrol, critican la situación penosa que viven las plantillas, donde falta personal para atender en tiempo y forma a decenas de residentes, muchos de ellos grandes dependientes, y otros, cada vez más, menores de 65 años pero con "graves problemas mentales"

El gestor de la residencia de O Barco de Valdeorras, multada este año por la Xunta por insuficiente comida, acaba de ser denunciada ante la Fiscalía Europea. Carles Moner, ex-administrador judicial de la Fundación, acusa al cofundador de Fundación Nuestra Señora de Fátima, Gerardo Encinas, a su mujer, Felibella da Piedade Monteiro, y a dos hijos de varios presuntos delitos. En concreto: falsedad documental, apropiación indebida, prevaricación, fraude en subvenciones nacionales y europeas e insolvencia punible; según la documentación remitida por los denunciantes a Galiciapress.