ASGADeD ve luces y sombras en el plan de la Xunta para constuir 24 residencias...¿públicas o privadas?
La Asociación en Defensa del Sistema Público de la Dependencia y Discapacidad (ASGADeD), consultada por Galiciapress, ofrece su punto de vista tras el anuncio de la Xunta de Galicia para impulsar la red de residencias públicas en la comunidad con la creación de 1.800 nuevas plazas, incrementando un 15% el número de sitios disponibles en la actualidad. Sin embargo, en una comunidad tan envejecida, el incremento sigue siendo "insuficiente" para ASGADeD, que censura la falta de concreción sobre el modelo de titularidad y gestión que contempla el Gobierno de Galicia para estos centros.
Entre todos los anuncios del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, el de la construcción de 24 nuevas residencias de mayores en lo que resta de legislatura es uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Galicia. Tras muchos años sin invertir en la construcción de más geriátricos, en medio de una importante crisis en el sector después de la pandemia con empresas donde los trabajadores denuncian una precariedad galopante que pasa factura a unos usuarios peor atendidos y con fuertes críticas a los procesos de "psiquiatriciación" que viven centros públicos, además de las denuncias por aquellos de titularidad pública que pasan a gestión privada, el anuncio de que se crearán 1.800 plazas para el cuidado de personas de la tercera edad ha supuesto una bocanada de aire fresco en esta área.
En cifras, estas residencias que se construirán en municipios de menos de 50.000 habitantes, significará además la creación de en torno a un millar de puestos de empleo en el ámbito sociosanitario. "Es el plan de construcción de residencias más ambicioso de la historia de Galicia", catalogó Rueda, ya que supondrá un incremento cercano al 15% con respecto a las plazas existentes en la actualidad.
A renglón seguido, el mandatario aprovechó la ocasión en el Pazo do Hórreo para reivindicar el papel de Política Social y las mejoras en la atención en la dependencia y la discapacidad que, asegura, han lograro agilizar y simplificar muchos trámites, con más de 32.000 resoluciones en poco más de 100 días desde su puesta en marcha. También lanzó un dardo al Gobierno central, al que reclamó equilibrar las aportaciones al sistema de dependencia ante un déficit de 2.500 millones de euros, además de tratar de "blindar" el Servizo de Axuda no Fogar en las negociaciones en curso con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
PLAZAS Y RESIDENTES
La ristra de anuncios ha sido "bien acogida" por parte de la Asociación en Defensa del Sistema Público de la Dependencia y Discapacidad (ASGADeD), que en conversaciones con este diario se mostraron esperanzados con el anuncio pero también cautelosos por todas las "incógnitas" que existen en torno a los planes de la Xunta.
Así, desde ASGADeD subrayan que este fue "un anuncio relevante", pero del que no pueden sacar una conclusión profunda por "la información disponible en la actualidad resulta insuficiente para realizar una valoración global de la medida", por lo que demandan más concreción y detalle en las "líneas maestras" de esta iniciativa.
Sin embargo, en un vistazo preliminar la asociación sí ha podido anotar una serie de elementos que jugarán un papel más que significativo en este proyecto. En primer lugar, ese aumento de plazas del que saca pecho la Xunta es "una buena noticia, dada la escasez actual". Desde ASGADeD echan mano de los números que arroja el IMSERSO, con una cobertura en Galicia de 3,33 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, "lejos de la media estatal del 4,2 y de la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del 5 por cada 100".
"Este déficit explica que, haya, según la Xunta, 1.615 personas mayores en situación de dependencia en lista de espera para acceder a una plaza pública", censuran desde el colectivo, que entienden que esos guarismos son, igualmente, "insuficientes", pues serían necesarias al menos 13.000 para alcanzar los niveles de la OCDE.
Por otra banda, un aspecto remarcable del plan es el de llevar estas residencias a las localidades por debajo de los 50.000 habitantes, descentralizando así un servicio que, en el caso de las residencias donadas por la Fundación Amancio Ortega -para la que Rueda también tuvo palabras de agradecimiento en su comparecencia en el hemiciclo-, se limitaba a las grandes ciudades.
"Generaba un agravio comparativo con las villas y municipios más pequeños. Esta medida ayuda a equilibrar el mapa de atención residencial en el territorio", asumen. También el tamaño medio previsto para los geriátricos, de unas 75 plazas, es un valor añadido para ASGADeD, pues a su juicio "facilita una atención más personalizada y centrada en la persona". En lo que no están conformes en cambio es en la organización de las unidades de convivencia en 25 plazas. "Resulta poco adecuada", entienden, razonando que es "un tamaño excesivo que dificulta la personalización de la atención y la creación de un ambiente casero", por lo que piden un reajuste en este sentido para rebajarlo hasta las 15 personas, cuando en Filandia es de una docena de residentes.
¿GESTIÓN PÚBLICA O PRIVADA?
En otro orden, desde ASGADeD subrayan la necesidad de "clarificar tanto los criterios que va a emplear para decidir la localización de las nuevas residencias, pues la transparencia en este proceso es clave para garantizar la equidad territorial y la cobertura de las zonas con mayor demanda, así como la cuantía y origen de los recursos económicos que tiene intención de dedicar a construirlas", sospechando que se financiarán con fondos europeos.
El punto que puede levantar más recelos entre las familias y los residentes es que todavía no se ha especificado ni el modelo de titularidad ni de gestión que se empleará en estos centros, ante el temor de que se privaticen dejando la dirección en manos de empresas como está ocurriendo con muchos centros de titularidad pública. "La Xunta se limita a indicar que desarrollará un plan de construcción a lo largo de la legislatura, sin concretar si las residencias serán de titularidad pública o privada, ni si serán gestionadas de manera directa o indirecta por la propia Xunta", critican.
"En este sentido, es relevante recordar precedentes como el Plan de Atención Gallego a las Personas Mayores 2001-2006, en el que la Xunta firmó un convenio con el IGAPE para subvencionar la construcción de 20 residencias privadas de más de 150 plazas, condicionando la recepción de la subvenciones a que alrededor del 40% de las plazas de cada centro fueran concertadas con la Xunta. Teniendo en cuenta esta experiencia, resulta esencial que la Xunta aclare si las nuevas residencias serán públicas o privadas, y en caso de ser públicas, si su gestión será directa (por parte de la administración) o externalizada la entidades privadas, como ocurrió con las residencias promovidas por la Fundación Amancio Ortega", apostillan.
Por todo ello, ASGADeD defiende que los nuevos centros "deben de ser de titularidad, gestión y provisión 100% públicas, para que puedan cumplir con eficacia y eficiencia su papel y dar servicio a población gallega y reducir las importantes listas de espera que existen para conseguir una plaza en una residencia pública".
Escribe tu comentario