Los amos del cotarro

22 de mayo de 2011. Probablemente que las clases populares recordarán esta fecha como una de las mas negras en la historia reciente de España y, por tanto, de Galicia. Una jornada en la que se celebraron elecciones generales cuyo resultado le doy al el Partido Popular el control absoluto del Parlamento, el Senado y también de los mas importantes órganos judiciales (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Fiscalía General del Estado). Ganó las elecciones y puso de presidente a Mariano Rajoy, seguramente uno de los políticos mas anódinos y mediocres –no es que los anteriores, por caso J.M. Aznar y J. L. Rodríguez Zapatero, habían sido especialmente brillantes- que uno puede conocer. Probablemente eso suceda, pero estas clases no habían debido olvidar otra fecha posterior, 26 de junio del 2016, cuando en unas nuevas elecciones generales el Partido Popular volvió a ser el partido mas votado lo que le posibilitó repetir la investidura de Mariano Rajoy como presidente aunque esta vez había sido gracias al apoyo de Ciudadanos. De este modo el Partido Popular lleva siete años gobernando en España, los mismos que Mariano Rajoy lleva como presidente. Todo un éxito político para el Partido Popular y para el propio M. Rajoy.

Un éxito que seguro también celebran las élites financieras y económicas por que no es menos cierto que bajo el mandato de este presidente empezó una etapa en la que aquellas –muy especialmente el llamado IBEX35- están ganando mas que nunca gracias a unas políticas que, bien por acción bien por omisión, sólo tienen como objetivo facilitar esas ganancias. Unas políticas que al tiempo favorecen que muchos dirigentes y directivos del Partido Popular, el mismo partido, se beneficien financieramente gracias a una enorme corrupción sistémica. 

Las evidencias están ahí. Sí bajo el mandato de Mariano Rajoy España pasó a ser un estado europeo líder en desigualdad fue por que las rentas de capital obtienen las mayores ganancias de siempre. Nunca las rentas de capital habían tenido una participación tan alta en la riqueza nacional lo que ponen en evidencia un grande desequilibrio en las rentas, una gran desigualdad social. Sí las rentas de capital crecen y por que las rentas del trabajo disminuyen, se empobrecen. Todo esto sucede por que las políticas públicas que aplica el gobierno de M. Rajoy –fiscal, monetaria, laboral…- tienen como horizonte favorecerlas ganancias de los ricos, para que esa minoría social sea cada vez mas rica. Cuando el gobierno español no persigue el fraude fiscal, una de las mas elevadas de Europa, pero aprueba amnistías fiscales, cuando se prima la imposición indirecta, cuando se carga la presión fiscal sobre las rentas del trabajo se está favoreciendo conscientemente las rentas del capital, a las élites económicas y financieras. Un trato fiscal discriminatorio que favorece el crecimiento de la desigualdad social.

Lo mismo sucede cuando se imponen políticas laborales que, previo esgallado del movimiento sindical, favorecen el desnudo y los contratos en precario. Desgraciadamente un importante sector de la izquierda no pareció darse cuenta en su día que cuándo, primero el gobierno de J. L. Zapatero y tarde lo de M. Rajoy, aprobaban leyes y tomaban medidas que tenían como objetivo debilitar el movimiento sindical y su función negociadora, en realidad buscaban minimizar la negociación colectiva para así rebajarlos salarios y los derechos laborales. Todo esto con el objetivo último de incrementarlas ganancias de la rentas de capital. Así se llegó la una situación en la que las clases trabajadoras españolas, y con ellas las gallegas, nunca estuvieron en tal nivel de precariedad, nunca hubo tal porcentaje de trabajadores pobres. Hoy en España, y en Galicia, tener un trabajo ya no garantiza  evitar la pobreza. 

Pero estas élites son insaciables, lo quieren todo. Y Mariano Rajoy está totalmente dispuesto a dárselo. Estas élites quieren hacerse con el negocio que pueden crear las funciones públicas de bienestar, muy especialmente las pensiones. Lo están consiguiendo. Para lograrlo el gobierno español tanto aprueba crecientes recortes en el gasto público en estas funciones como facilita la entrada en las mismas de capital privado. Unas decisiones que traen consecuencias sociales muy negativas especialmente para los mayores usuarios de esas funciones que son, lógicamente, los ciudadanos de rentas medias y bajas. Consecuencias que mas temprano que tarde serán muy visibles: aparecerán dolencias que parecían superadas, crecerá tanto el número de muertes evitables como bajará la edad media de vida, las universidades públicas empeorarán sus resultados, la enseñanza pública medio y básico será muy ineficaz, la atención pública a los ciudadanos mas necesitados será muy pobre, y cada vez serán mas los que estarán mal atendidos por que no podrán, por falta de recursos, utilizar esos servicios y productos por estar mayormente privatizados o ser muy caros. Por todas estas razones y muchas mas las fechas de 22 de mayo del 2011 y 26 de junio del 2016 serán consideradas como muy negras para un número muy elevado de ciudadanos en España y, por tanto, en Galicia. Muchas mas razones, como por caso que en este período se destapó, gracias a acción valiente de algunos magistrados, una corrupción política que, dada su extensión e intensidad, tiene un carácter sistémico. En este período quedó en evidencia que los dirigentes y directivos del Partido Popular en España, y en Galicia, habían decidido que cuándo habían llegado al gobierno los recursos públicos que le niegan las clases populares iban a servir tanto para su enriquecimiento personal como para financiar actividades claramente ilícitas de su partido. El constante paso por los juzgados de un creciente número de dirigentes populares, incluso del propio presidente del gobierno Mariano Rajoy, confirma el carácter sistémico de esta corrupción. Una corrupción que está causando un enorme daño a democracia en España, y en Galicia. Una corrupción que ponen en evidencia el talante y el concepto de la democracia de estas élites políticas y económicas, por que no hay corruptos sin corruptores. 

Unas élites que fieles al ideario neofranquista que defiende un estado muy centralizado (“España una grande y libre”) quieren destrozar el estado de las autonomías que consagra la propia Constitución Española y que tanto trabajo estaba costando construir. Un objetivo para cuya consecución no dudan en perseguir, con saña pero también con una actuación partidista de la justicia, a todos aquellos dirigentes políticos y ciudadanos que no profesan tal ideología y sean independentistas o simplemente soberanistas. Una actuación que lesiona de tal manera los derechos y las libertades democráticas mas fundamentales que incluso encuentra un claro rechazo en muchos estados europeos nada sospechosos de ideas descentralizadoras, como por caso Alemania.

Sí. Son abundantes las razones para que muchos ciudadanos españoles, y gallegos, pensemos que aquellas fechas trajeron consecuencias muy negativas para España y, por tanto, para Galicia. Son fechas que demostraron contundentemente que las políticas en España, y en Galicia, no guardan relación con los intereses públicos pero sí con los privados de las élites económicas y financieras. Unas élites que consiguen todo lo que quieren por que, como diría NoamChomsky, son “los amos del cotarro”.