Jueces y fiscales paran este martes para exigir mejoras laborales

Cuando parece que los juzgados de Galicia retoman su actividad normal, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales del conjunto de España convocan una huelga general. Así, jueces y fiscales de toda Galicia han parado este martes ante la huelga general convocada por las organizaciones nacionales para reclamar al Ministerio de Justicia la mejora de sus condiciones laborales.

Tras la huelga de los funcionarios de justicia, interrumpida aunque no desconvocada formalmente --puesto que el comité de huelga aún cuenta con cuatro de las siete organizaciones que inicialmente convocaron--, los juzgados gallegos vivirán un nuevo paro, esta vez de jueces y fiscales, que afectarán sobre todo a juicios y otros procedimientos.

Fuentes de las asociaciones convocantes en Galicia consultadas por Europa Press auguran "una fuerte movilización" y que "cientos de juicios" y otros procedimientos --como la declaración de testigos-- podrían verse aplazados en Galicia, si bien "los servicios mínimos velarán por los procedimientos más graves, como por ejemplo las causas con preso".

"Será una llamada de atención", coinciden desde las asociaciones de jueces y fiscales de la comunidad, que remarcan que no se puede avanzar el impacto antes de la jornada de paro.

Con todo, inciden en que el personal llamado al paro es "muy consciente y muy responsable" con el servicio público en el que trabaja, así como de las consecuencias del paro previo que los funcionarios han mantenido desde el 7 de febrero y que todavía no ha sido desconvocado formalmente, por lo que podría haber un seguimiento "levemente inferior" al del resto de España.

RECLAMACIONES
En todo el Estado, jueces y fiscales concluyen con el paro de este martes las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

A estas reclamaciones se suman la petición de reforzar la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han convocado, en el ámbito estatal, a las 13.00 a los medios de comunicación para ofrecer datos de seguimiento de la huelga, así como de aquellos aspectos que puedan resultar de interés para la opinión pública.

Miembros de la carrera judicial y fiscal han salido en cada uno de estos paros a las puertas de los juzgados de toda España para hacer visibles estas reclamaciones. Incluso los nueve miembros del Consejo Fiscal y otros de la cúpula del Ministerio Público se concentraron el pasado 10 de mayo durante unos minutos para secundar la movilización.

SEGUIMIENTO DE LOS PAROS
El jueves 17 de mayo fue el último día convocado para suspender su actividad a las 12.00 horas, y según datos oficiales facilitados por las asociaciones, en el total de España 1.723 jueces y 602 fiscales decidieron hacer este paro parcial. Estas cifras son similares a las del resto de días de convocatoria --teniendo en cuenta que en Galicia era festivo-- en las que casi 2.000 jueces y unos 800 fiscales respaldaron la iniciativa de las asociaciones.

A esto hay que sumar que el pasado 4 de mayo, más de 200 jueces y fiscales se concentraron ante el Ministerio de Justicia para exponer estas mismas reivindicaciones y pedir la dimisión del ministro Rafael Catalá por sus "injerencias" en la labor de estos profesionales. Días después, las asociaciones se reunieron con la secretaria de Estado Carmen Sánchez-Cortés para tratar estos asuntos y las propuestas de los representantes judiciales y fiscales.

Tras este encuentro, las asociaciones se reafirmaron en su idea de continuar con las movilizaciones, pues se quedaron con una visión "negativa" de la reunión.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que, de las 14 propuestas consensuadas por las asociaciones, "una amplia mayoría está ya en trámite o en proceso de elaboración", así como que las demás están siendo objeto de "avanzado estudio".