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La minera de Touro deberá pagar 30.000 euros por vertidos contaminantes a un afluente del río Ulla
Aldea Viva echa en falta la imposición de medidas al propietario para evitar nuevos vertidos
Afluente del río Ulla a su paso por O Pino | Imagen: Aldea Viva
Augas de Galicia ha sancionado a la propietaria de los terrenos de la mina de Touro - O Pino, Explotaciones Gallegas S.L., por vertidos contaminantes a un afluente del río Ulla. Así ha informado en un comunicado la Asociación Aldea Viva, que denunció el pasado mes de diciembre ante el organismo público la contaminación del río Burgo y Brandelos por el vertido de aguas residuales procedentes de los terrenos mineros.
La asociación "ya venía advirtiendo" que Explotaciones Gallegas S.L., propiedad de Francisco Gómez Novo, y "las autodenominadas 'empresas de valorización' que operan en estos terrenos estaban depositando toneladas de residuos contaminantes que llegaban a los cauces fluviales", apuntan en el comunicado.
Esta semana Augas de Galicia publicó la resolución del expediente sancionador, que "dictó la culpabilidad" de la empresa y la imposición de una multa de 30.000 euros "por vertido de aguas residuales con alteración de la calidad de las aguas del afluente del Ulla", explica Aldea Viva.
Extracto de la resolución de Augas de Galicia
La resolución "deja claro que la excusa de la recuperación paisajística que alega la empresa no le permite 'realizar vertidos contaminantes al dominio público'", expone la asociación, que echa en falta la imposición de medidas al propietario para evitar nuevos vertidos. "Los responsables", continúan, "optan por echar balones fuera a través del principio de autoridad, el cual consiste en no asumir la culpabilidad e intentar desmentir las evidencias científicas con informes partidarios del profesor Felipe Macías, quien presuntamente tendría intereses económicos y familiares en las empresas denunciadas".
La resolución de Augas de Galicia supone un "revés" a la minera que quiere reiniciar la extracción de cobre, según Aldea Viva. Los vertidos al dominio público hidráulico son una de las principales preocupaciones de quienes se oponen a la mina, que vieron los daños causados en el anterior período de explotación entre 1973 y 1986. "La presente resolución desenmascara en parte las ya cuestionadas actuaciones en estos terrenos durante los últimos treinta años por parte de la minera", concluyen.
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