El Supremo ve la pieza sobre Aquagest "sin relevante complejidad" y se la devuelve a Pilar de Lara

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El Tribunal Supremo ha dictaminado que debe ser el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, cuya titular es Pilar de Lara, el que continúe con la instrucción de la pieza sobre supuestos amaños en los concursos públicos de la empresa Aquagest, enmarcada en la Operación Pokémon, la mayor trama de corrupción destapada en Galicia.

En un auto del 19 de septiembre pasado, el juez Pablo Llarena argumenta su decisión de devolver el caso a Lugo en que se trata de "un procedimiento sin relevante complejidad". La instrucción de la Pokémon arrancó en 2011 y, en el caso de la pieza sobre Aquagest, investiga la "connivencia" de directivos con funcionarios y autoridades públicas en el amaño de concursos para beneficiar a esta empresa, cuyo nombre cambió en la actualidad al de Viaqua.

El Supremo también señala que los hechos investigados "no puede considerarse que afecten a la seguridad del tráfico mercantil ni a la economía nacional, ni tampoco que se haya producido un perjuicio en una generalidad de personas que residan en el territorio de más de una Audiencia".

Agrega, además, que la cuantía del perjuicio supuestamente causado en Galicia, según un informe emitido por el Servicio de Vigilancia Aduanera en agosto de 2015, es de poco más de cuatro millones de euros, "cantidad que está muy lejos de los siete millones de euros sobre los que la jurisprudencia sitúa el límite cuantitativo de las defraudaciones competencia de la Audiencia Nacional".

JUZGADOS DONDE SE COMETIERON LOS DELITOS
Sobre el argumento de Pilar de Lara de que habría que añadir lo defraudado en Asturias, en Valencia y en Murcia, el Supremo recuerda que en el Principado se siguen diligencias en la conocida como Operación Oriente, con lo que "lo lógico es que con relación a esta parte de la investigación, se proceda a la inhibición a favor del juzgado de Instrucción número 3 de Avilés, por ser donde la empresa Aquagest cometió territorialmente los hechos", mismo criterio que dice que habría que aplicar en los casos de otras comunidades.

En su investigación, Pilar de Lara implicó a un total de 14 ayuntamientos gallegos en la "actividad delictiva" que pretendía favorecer a Aquagest, así como cuatro en Asturias y otras seis entidades locales de Murcia y Valencia.


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