El abogado del fallo contra las hipotecas de Abanca explica qué clientes pueden beneficiarse

La Justicia acaba de fallar a favor de la ‘Asociación Galega de Consumidores e Usuarios’ (Acouga), que puso una demanda contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con hipotecas con cláusulas suelo . Xoan Antón Pérez-Lema es el abogado que llevó la causa y atiende a Galiciapress para dar sus impresiones sobre la que considera “la decisión judicial en derecho privado más importante de la historia de Galicia”. También conversamos sobre la instrucción de Pilar de Lara en el caso de Fernando Blanco, que compara con la Alemania nazi.

El abogado Pérez-Lema

En lo referido a qué afectados pueden beneficiarse de esta sentencia, Pérez-Lema destaca que aunque las ‘Clausulas suelo’ empezaron a introducirse en Caixa Galicia y Caixa Nova entre 1999 y 2000, los principales afectados son “entre febrero de 2009 y mayo de 2013”. “Entre el año 2000 y hasta el año 2009 aproximadamente, sustancialmente veníamos de unas tasas de interés altas, por lo que el Euribor más diferencial siempre estaba por encima del suelo, pero a partir de febrero de 2009 es cuando esto cambia y empieza a haber un diferencial que es el que marca este caso”, recalca Pérez-Lema, aunque el abogado puntualiza que “cada caso depende del diferencial que tuviera cada afectado en el momento de la firma” y que podrían darse reclamaciones de los años 2004 o 2005, si bien son “las que menos”.

Con todo, hace un llamamiento a la calma antes de empezar a reclamar y que ahora lo que toca es “esperar que la sentencia sea firme”, ya que ahora se abre el proceso para atender posibles reclamaciones, pero afirma que cuando llegue ese momento “la plataforma estará a disposición de todos los afectados para explicarles el camino”. Sobre posibles reclamaciones que puedan alargar el tiempo la fecha en la que la sentencia sea firme, Pérez-Lema es optimista, ya que según su opinión “tramite sería de 9 meses más en el peor de los casos”. “Si sería susceptible de presentarse un recurso ante el Tribunal Supremo, que eso si podría llegar a dilatar el caso hasta dos años, pero dudo de que se llegue a ese punto y que se cerrará en A Coruña porque es uno de los tribunales más especializados de todo el Estado en cuanto a derechos del consumidor y también porque la sentencia de la jueza está muy bien construida, no dando lugar a interpretaciones erróneas, lo que supone un estudio de la magistrada muy acertado y muy conectado con la jurisprudencia europea”, sentencia el jurista.

Pérez-Lema subraya el gran trabajo de todos los implicados en esta causa cuyo fallo final “costó mucho obtener”. “Un trabajo importante por parte de todos los componentes de ‘Acouga’. Costó ganar un impulso que reúne a 1.300 personas y costó el trabajo de muchas horas en donde muchos profesionales mostramos una gran dedicación”, destaca el abogado, que a su vez hace hincapié que se trata de un caso “sobre una demanda colectiva, que es una cuestión muy novedosa en el derecho español pero que demostró ser un mecanismo muy beneficioso a nivel de medios porque se reúnen miles de pleitos en uno solo, que además asegura que se determine que hay que restituir los daños económicos desde el primer momento, desde la firma del contrato, y no desde el 9 de mayo de 2013 que es lo que dictaminaba la sentencia que afectó a Caixa Galicia y más tarde a Nova Galicia Banco”.

“Estamos en el peor momento de la historia contemporánea de Galicia en cuanto a dilaciones en la administración de justicia y la degradación por parte de recursos materiales y humanos, y las huelgas así lo reflejan”, lamentó el jurista, sobre el momento en el que llega la sentencia. Pérez-Lema también quiso reconocer no solo la gran labor de todos los componentes de la directiva de ‘Acouga’ y de los profesionales implicados en este caso, sino también la “paciencia de los asociados, que surfearon con comprensión el tiempo de espera de dos años en una demanda colectiva que se dilató mucho en el tiempo, pero que ahora tiene su recompensa”.

EL CASO DE FERNANDO BLANCO

La sentencia sobre las hipotecas coincide en el tiempo con el sobreseimiento de la causa de Fernando Blanco, ex conselleiro de Innovación e Industria con el BNG durante el gobierno bipartito, defendido por Pérez-Lema. El sobreseimiento coincide a su vez con el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial contra Pilar de Lara, la jueza que llevaba el caso. El letrado denunció a la jueza ante el Consejo, si bien Pérez-Lema aclara que “el expediente se abre no solo por mi denuncia, sino también por una serie de denuncias que hicieron los propios inspectores”.

“Había una situación grave de retardo y decidí interponer una denuncia ante el organismo, porque entendimos que el retardo de las solicitudes de sobreseimiento pendientes no era un problema derivado de la falta de medios en la justicia, sino que se trataba de un retardo intencionado o, al menos, gravísimamente negligente”, afirma el abogado, que advierte a su vez de que “un juez de instrucción tiene mucho poder, pero ese poder tiene que ir acompañado de responsabilidad, por lo que si te dan unas competencias y no haces buen uso de ellas lo que es conveniente es que ahora se tomen las medidas competentes”. Por otro lado, también asevera que no es una pelea personal contra de Lara, sino que tanto él como su cliente lo que buscan “no es venganza ni retribución, sino que funcione el Estado de derecho”.

En cuanto al retraso sobre el archivo de la causa contra Fernando Blanco, Pérez-Lema lamenta que ya desde 2014 “estaba hecha toda la investigación y se demostró que no existía un incremento patrimonial ni de mi cliente ni de ningún familiar suyo, pero esto se alargó cuatro años más”. “Lo que se continúa es con una investigación prospectiva que busca una causa general, pero esto va claramente contra el Estado de derecho, porque esto no es el sistema del delito penal que regía la Alemania nazi o en la Rusia soviética, porque iniciar una investigación prospectiva vulnera totalmente las leyes democrática”, afirma el abogado, que a su vez se queja amargamente de que estas situaciones de retraso se dan sobretodo porque en su opinión “faltan medios, tanto materiales como personales, sobretodo estos últimos, tanto en lo que son letrados y funcionarios, pero especialmente duplicar el número de jueces, porque estamos en ratios de jueces por habitantes más bajos que los de Portugal o Grecia, y muy lejos de los del resto de países potentes de la Comunidad Europea”. 

“Tenemos que incrementar el gasto estatal en la justicia, pero es algo que nunca ha preocupado ni al Partido Popular ni al PSOE cuando han gobernado porque no les interesa que los afectados por causas administrativas obtengan beneficios”, lamenta el jurista.