El Día de la Marmota

Asociación Batas Blancas

 A mediados del 2009, cuando Feijóo recuperó la Xunta de Galicia para el PP, se encontró con un magnífico texto elaborado por un nutrido grupo de expertos independientes, elegidos por las Sociedades Científicas y presidido por el prestigioso Profesor en Economía de la Salud D. Vicente Ortún Rubio, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El texto, que tiene por título “Propuestas de transformación de la Atención Primaria en Galicia”, acababa de ser publicado en febrero de ese mismo año por la Consellería de Sanidade cuya responsable era, a la sazón, Dña. Mª José Rubio, del PSdG-PSOE. El citado documento pretendía ser el punto de arranque en la transformación de la Atención Primaria en Galicia y servir de base para el diseño del mejor modelo organizativo y de gestión integral que propiciase una AP en Galicia accesible, eficaz, eficiente y capaz de responder de manera adecuada a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas gallegos del Siglo XXI. 


La importancia de este documento era tanto de carácter práctico y operativo como de orden teórico y conceptual. En él se contemplaban propuestas sobre: a) organización y gestión de los Equipos de Atención Primaria (EAP); b) organización de las Urgencias Extrahospitalarias y de los Puntos de Atención Continuada (PAC); c) incentivación y autonomía; d) sistemas de información sanitaria en AP y medición de resultados; e) integración asistencial y coordinación entre niveles asistenciales. Y terminaba con un amplio capítulo de Conclusiones.


Con su elaboración y puesta en práctica, la Consellería de sanidade pretendía enmarcar, en un modelo de atención revisado, los incrementos de recursos humanos, económicos, informáticos y tecnológicos comprometidos en el “Plan de Mellora da Atención Primaria de Galicia 2007-2011”, que había sido consensuado con las Asociaciones Profesionales y Organizaciones Sindicales y aprobado por la Consellería de Sanidade en abril de 2007. Y con esta intención se constituyó el mencionado grupo de expertos cuyos trabajos comenzaron en octubre de 2007 y terminaron poco antes de su publicación a principios de 2009. 


En el documento de Propuestas al que nos referimos, ya se abordaban cuestiones como la escasez de pediatras, el papel de la enfermería comunitaria, las funciones administrativas de los “gestores administrativos” (los llamados PSX), la organización de las urgencias extrahospitalarias o el papel de los médicos generalistas como verdadero eje del sistema sanitario. Se establecían los principios rectores de la AP: Autonomía de gestión, Flexibilidad funcional, Coordinación con la Atención Especializada, Equidad, Accesibilidad y proximidad, Transparencia y Calidad. Y se enfatizaba la necesaria financiación suficiente con presupuestos específicos y diferenciados para la Atención Primaria. 


Sin embargo, la primera Conselleira nombrada por el Presidente Feijóo, Dña Pilar Farjas, obvió por completo este documento y puso en práctica una política totalmente nefasta, contraria por completo a las recomendaciones indicadas por los expertos en el citado texto. Estas políticas fueron continuadas por la Conselleira Dña. Rocío Mosquera y por el actual Conselleiro D. Jesús Vázquez Almuiña.


La primera agresión a la Atención Primaria de la “nueva política” del PP ha sido dejar en suspenso la ejecución del “Plan de Mellora”, que contemplaba incrementos de recursos hasta 2011. La segunda gran agresión fue suprimir la estructura de gestión propia para la AP con la creación, entre 2010 y 2013, de las Estructuras Organizativas de Xestión Integrada (EOXI), que suponía la pérdida de la autonomía de gestión y su supeditación a la Atención Especializada (hospitalaria). El golpe final vino dado por la aprobación de la Lei 1/2018 del 2 de abril que viene a reformar, en diversos aspectos, la Lei de Saúde de 2008 y que supone, en el ámbito que nos ocupa, una “vuelta de tuerca” que amplía y da soporte legal y normativo a los cambios iniciados en 2010. Al optar por un modelo hospitalocéntrico, se limita el desarrollo y la capacidad operativa de la AP, impidiendo el acceso a determinadas pruebas diagnósticas y a derivaciones directas a la ciertas “consultas monográficas”. Esos mismos efectos perniciosos afectan a las Urgencias Extrahospitalarias de los PACs, reduciendo –por falta de recursos necesarios- su capacidad resolutiva y provocando un aumento de las derivaciones necesarias a las Urgencias Hospitalarias, lo que condiciona su frecuente sobresaturación y eventual colapso. 


Todos estos cambios han venido acompañados de una pésima política de personal que ha descapitalizado el sistema, en especial la Atención Primaria: contratos precarios con inaceptables condiciones laborales y plantillas insuficientes que han provocado la crisis actual por insoportable sobrecarga de trabajo y una disminución evidente de la calidad asistencial. Esta situación ha condicionado la “fuga” de profesionales a otros lugares de nuestro Estado y a otros países de nuestro entorno. Según la Organización Médica Colegial (que debe emitir un certificado de idoneidad para que los médicos puedan ejercer fuera de España) entre 2010 y 2017 cerca de 800 médicos gallegos decidieron marchar a trabajar al extranjero. Esta pérdida de facultativos se vio agravada a partir de 2013 por la suicida política de jubilaciones forzosas a los 65 años llevada a cabo de forma desigual en las distintas CCAA pero de una manera rígida en Galicia, adalid de los recortes económicos como respuesta a la crisis económica. Y lo más grave es que estas pérdidas de profesionales no fueron compensadas con nuevas incorporaciones, debido, en los años más duros del ajuste económico, a la reducida tasa de reposición aprobada de sólo el 10 % y ahora, que ya no está en vigor esta limitación, al insuficiente número de plazas MIR para formar a determinados especialistas de los que somos deficitarios, como especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y, sobre todo, Pediatría. Como se sabe, son las CCAA las que solicitan al Ministerio de Sanidad el número de plazas MIR que necesitan cada año y es el Ministerio quien finalmente decide. Así que no caben más que dos posibilidades: o el gobierno de la Xunta no solicitó las plazas necesarias o el Gobierno del Presidente Rajoy (gobierno “amigo”) no las concedió. En uno y otro caso, la responsabilidad es de la Xunta por su nefasta gestión.


Esta falta actual de ciertos especialistas no es, por tanto, algo sobrevenido por causas extrañas sino la consecuencia directa de la política sanitaria del gobierno actual de la Xunta. Y, como resulta difícil aceptar que los responsables sanitarios actuales son tan ineptos que no supieron prever las consecuencias de sus decisiones o de sus omisiones, sólo cabe pensar en su carácter intencional. Es decir, una aviesa política –“justificada” por la crisis- al servicio del perverso objetivo de desprestigiar el sistema público de atención a través de su desmantelamiento y descapitalización. En este caso, una vez iniciado el negocio de la privatización en la Atención Especializada (hospitalaria), donde el volumen del negocio es más suculento (no hay que olvidar que en los últimos 4 años, casi todos los hospitales privados de nuestra CCAA que tienen conciertos con el Sergas han sido comprados por grandes grupos inversores para dirigir al sector sanitario sus intereses económicos), parece que la AP pudiera también ser objeto del voraz apetito privatizador, tal como ya ha empezado a ser realidad en ciertas comarcas alejadas de algunas CCAA, de difícil cobertura por especialistas y cuya atención es ofrecida por empresas privadas de diversos ramos que ofertan servicios baratos a través de médicos no especialistas, mal pagados y con pésimas condiciones laborales. Y, para ello, es necesario que exista –como existe en Galicia y en todo el Estado- una “bolsa” de médicos sin especialidad, que no pueden trabajar en el sistema público pero sí en el sector privado. Este objetivo, igualmente perverso, se consigue ofreciendo menos plazas para hacer el MIR que alumnos terminan sus estudios de Medicina. Así, los que no consigan especializarse serán posteriormente explotados por las empresas privadas que ofrecerán sus servicios al sistema público a través de concertar su actividad. 


En todo caso, es indudable que estamos ante un cambio de modelo. El gobierno de la Xunta trata de implantar un modelo más centralizado (que produce mayor desigualdad territorial), más hospitalocéntrico (que abandona la Atención Primaria), más centrado en la enfermedad que en la salud (que abandona la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad), más privatizado (en la gestión y provisión de servicios, pero también en lo referente a I+D+I) y menos participativo y transparente. En definitiva, un modelo que pone en peligro al Sistema Sanitario Público. 


Por eso, los problemas de la Atención Primaria no se resuelven con “comisiones de urgencia”, cuyos miembros han sido nombrados a dedo, con la única intención de darse un respiro –un poco de oxígeno- para dar la sensación de que se hace algo y ganar tiempo hasta las próximas elecciones y seguir engañando a los gallegos y gallegas con falsas soluciones. 


Los graves problemas que padecemos solo se pueden resolver de dos maneras posibles: a través de la movilización social en defensa de la Sanidad Pública o encomendándose al Dios de cada cual en busca de protección porque, realmente, nuestra salud está en peligro. 


Ustedes eligen.



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