Piden al Gobierno cambios legislativos tras el expediente de la UE por incumplir directiva contra abuso sexual infantil

La Asociación gallega contra el maltrato a menores (AGAMME) ha demandado al Gobierno que introduzca "un verdadero cambio" en la normativa de lucha contra el abuso y la explotación sexual, después de que la Comisión Europea haya anunciado la apertura de un expediente sancionador contra España, por no haber aplicado la normativa europea que los Estados miembros debían de haber trasladado a sus legislaciones como máximo a finales de 2013.

La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción, que Bruselas ha remitido al Gobierno, para que en dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.

Desde AGAMME se recuerda que a finales del año 2015, representantes de la asociación, junto con la Red de Mulleres Veciñais contra los malos tratos de Vigo y el Grupo de Investigación Antígona, se trasladaron al Parlamento Europeo para presentar una demanda contra el Estado español por no cumplir la directiva europea en este ámbito.

La demanda, presentada y secundada por ocho entidades en total, se sustentaba en la falta de medios adaptados y suficientes, tanto materiales como profesionales en el ámbito judicial, así como la prolongación excesiva de los plazos de espera para la toma de declaración de los menores víctimas.

Entre otras cuestiones, también se denunciaba la aplicación en los Juzgados españoles de la teoría del "supuesto síndrome de alienación parental", "a pesar de estar ampliamente rechazada por la comunidad científica, por el Consejo General del Poder Judicial y por la Fiscalía de Violencia de Género".

AGAMME valora como "un fracaso" que fuese "inútil" la interlocución interna con el Gobierno e instituciones españolas, pero cree que el expediente de Bruselas es "una oportunidad para comenzar a promover un verdadero cambio".

En este sentido, exige dos modificaciones principales. La primera, "muy evidente", se refiere a las modificaciones legislativas necesarias para romper definitivamente la impunidad del delito de abuso sexual".

AGAMME plantea como "imprescindible" que se ofrezca "formación exigible" a cualquier profesional que vaya a entrar en contacto con una víctima menor de edad y que se establezcan "con claridad" lo que se consideran "retrasos injustificados" y "los plazos" que se deben cumplir para la toma de declaración de la víctima.

Al mismo tiempo, también solicitan que se aclaren las condiciones materiales de las salas adaptadas para recibir a víctimas en dependencias judiciales y qué tipo de actitudes y preguntas no estarán permitidas. "Se deberá asegurar que el niño o niña víctima va a ser protegido", subrayan.

Entre otras medidas, la entidad reclama que la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que está elaborando el Gobierno, cuente necesariamente "con una dotación económica importante para poder ser llevada a cabo".

En segundo lugar, la asociación exige que se realice una "revisión de sentencias, especialmente en aquellos casos en los que existe un riesgo de victimización". Como ejemplo, citan el caso de una "niña que convive con su presunto agresor desde hace dos años y tiene 5 alejada, completamente, de su madre por un supuesto trastorno mental que el sistema público de salud desmiente".

La Unión Europea cuenta con reglas "estrictas" para perseguir y penalizar estos delitos en todo el territorio comunitario, con el fin de proteger mejor a las víctimas y prevé importantes sanciones para quienes, e incluye medidas específicas contra los delitos en Internet.

Bruselas "es consciente de la complejidad" de la directiva y de los esfuerzos de los Estados miembros para transponer la norma a sus respectivas legislaciones, por lo que entiende que hubiera retrasos en la mayoría de países.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera excesivo el retraso en España, Italia y Portugal, por lo que ha decidido dar el paso de iniciar un procedimiento de infracción contra estos tres países.