Jueza expedientada por no proteger a la anciana que acabó rematando su marido en el hospital

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El Tribunal Supremo ha considerado estimar la reapertura del expediente de responsabilidad a la magistrada del juzgado instructor de Verín (Ourense) designado para la violencia de género. Así se ha pronunciado tras el recurso de la abogada de la familia de la mujer asesinada por su esposo en una habitación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) durante la madrugada del 8 de mayo del 2015.



Chuo

Concentración en protesta del asesinato, comoetido en el hospital de Ourense


Así lo ha confirmado en la tarde de este lunes a Europa Press la abogada de la familia de la víctima, María Beatriz Seijo Méndez, quien ha señalado que fuentes del Tribunal Supremo no le han concretado en qué términos se ha estimado la petición porque la comunicación no se hará por escrito hasta "dentro de unos días".


La letrada ha señalado que es una "buena noticia", puesto que, de esta manera, "se regresa al punto" en el que le informaron que no se abría expediente sancionador a la jueza en cuestión y el Tribunal Supremo manda el caso al Consejo General del Poder Judicial para que éste "retome ese expediente" y "se hagan las diligencias de prueba" o "se conteste adecuadamente" a los planteamientos, ya que, en anteriores ocasiones, "no había contestado a lo preguntado" en relación al archivo, ha declarado.


PROBLEMAS CON LAS PRUEBAS SOLICITADAS

"Solicitamos que se continuase con las diligencias abiertas en su día para sancionarla --a la jueza-- porque varias de las pruebas que nosotros habíamos solicitado que se tenían que practicar para decidir sobre si sancionarla o no se denegaron sin ningún tipo de motivación y sin sentido", ha señalado la letrada de la familia de la víctima.


"Pedíamos que se les tomara declaración a los guardias civiles que habían llevado a cabo la investigación respecto a la primera tentativa de asesinato de Isabel y en ningún momento se les permite hacer un informe, ni comentar, ni traducir las enormes dificultades e impedimentos para poder proteger a Isabel por parte del Juzgado, con negativas a recibirles y sin prestar atención a los atestados que presentaban", ha añadido.


Asimismo, Beatriz Seijo, que ha lamentado que "el CGPJ decidió no indagar porque no le interesaba demasiado", ha destacado que otra de las voluntades de su parte era "que se comprobasen las ausencias de la jueza, que las hubo", y a la cual le ha atribuido una actuación "totalmente negligente".


"Cuando Isabel estaba en peligro vital, antes de que la volvieran a atacar y la remataran en el CHUO, se le pedía a la jueza que celebrase la comparecencia que establece la ley para decidir sobre una medida de alejamiento, prisión preventiva o de protección a la víctima; esta señora ni siquiera apareció en el juzgado, consideramos que hay que indagar, por eso decimos que se cerró en falso", ha apuntado.


"DEJÓ QUE LA MATARAN"

En este sentido, la abogada de la familia de la fallecida Isabel Fuentes ha asegurado que la jueza "dejó" que ésta "muriese", por lo que, aunque "no la mató, dejó que la mataran".


"La jueza no tiene que detectar la violencia de género, eso ya lo ha detectado la unidad investigadora, pero una vez que se detecta, debe celebrar la comparecencia, la obliga la ley. Siguió dictando autos en el procedimiento como si se tratara de una tentativa de robo para tratar de tapar una negligencia clarísima cuando había sido desde el primer minuto, como dice la Guardia Civil, una tentativa de homicidio", ha apostillado.


"Isabel está muerta porque no se adoptaron medidas contra el agresor y la remató en el hospital porque estaba durmiendo con el enemigo. Cuando pasó a planta, la acuchilló; la justicia no hizo nada para evitarlo", ha concluido la letrada, quien ha avanzado que el caso podría dilatarse durante años, ya que "todo vuelve al punto de partida".

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