La Audiencia Provincial archiva la denuncia de Paloma Lago contra Alfonso Villares por agresión sexual
Los magistrados al frente de la causa subrayan que la investigación fue "amplia y minuciosa" y que "no ha apreciado indicios bastantes para procesar" al exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia.
La causa se inició tras la denuncia presentada por la presentadora de televisión Paloma Lago, quien situaba los hechos en su casa de Ferrol, el 27 de diciembre de 2024, afirmando que despertó completamente desorientada y desnuda en su vivienda, asegurando haber sido víctima de una sumisión química, una modalidad de delito que implica el uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima.
La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de confirmar el archivo de esa denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares, ratificando el auto dictado en diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol. El tribunal considera que no existen indicios suficientes para procesar al exdirigente del Partido Popular.
La resolución de la sección primera de la Audiencia Provincial subraya que la investigación desarrollada por la jueza instructora fue "amplia y minuciosa" y que, sobre esa base, la magistrada no apreció elementos de cargo bastantes para avanzar hacia un procesamiento. El Ministerio Fiscal también compartió ese criterio. Según el auto, "se han practicado todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados", por lo que los magistrados entienden que lo procedente es confirmar el cierre del sumario.
La acusación particular había solicitado que la causa regresara al juzgado de instrucción para que se tomara declaración a dos personas: la conductora y la asistente de la ambulancia que atendió a la denunciante aquella noche. La sala rechaza esa petición por considerar que ambas diligencias tienen un "carácter claramente periférico y prospectivo" respecto al núcleo de los hechos investigados.
LA PRUEBA DE LA SUMISIÓN QUÍMICA
El tribunal va más allá y desmonta el argumento de la acusación. Según los magistrados, pretender que las dos trabajadoras de la ambulancia pudieran actuar como testigos directas para determinar si la denunciante presentaba síntomas compatibles con sumisión química "carece de solidez lógica y procesal". Y añaden un argumento de peso: esa hipótesis ya fue descartada por declaraciones de médicos especialistas y por el resultado de análisis y pruebas clínicas practicadas. El informe toxicológico realizado en el hospital horas después resultó negativo: no se hallaron rastros de drogas, alcohol o cualquier otra sustancia en el organismo de la denunciante.
Así, la Audiencia concluye que reclamar ahora esas declaraciones como vía para sostener un procesamiento "no pasa de ser una conjetura carente de base objetiva". No obstante, contra este auto cabe la presentación de recurso de súplica, por lo que la puerta judicial no queda completamente cerrada para la acusación particular.
La resolución también aclara que el debate no radica en si la investigación fue insuficiente, sino en que la acusación pretende obtener "una nueva valoración incriminatoria" de lo ya actuado para alcanzar un resultado procesal que ni la instructora ni la fiscalía consideraron procedente.
EL LARGO CAMINO DESDE LA DIMISIÓN
El caso sacudió la política gallega en junio de 2025. Villares dimitió de su cargo a principios de junio tras conocer que el TSXG había decidido investigarlo por un asunto que, en aquella breve comparecencia que finalizó entre los aplausos de su equipo, restringió "a la esfera personal".
En el momento de su dimisión, el exconselleiro se declaró "totalmente inocente" y afirmó que abandonaba el cargo para poder defenderse en mejores condiciones sin que la polémica salpicara a la institución.
Al día siguiente, durante el acto de toma de posesión de su sucesora, Marta Villaverde, Villares acudió arropado por el conjunto del Gobierno gallego y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con quien se abrazó.
Rueda deseó entonces que "se haga justicia cuanto antes" con Villares para "poder recuperarlo para la vida pública". Unas palabras que generaron controversia en la oposición gallega, que criticó la exhibición de apoyo institucional antes de que la justicia se pronunciara.
Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares.
Según explicó el presidente gallego, en ese mes el entonces conselleiro le comunicó que había sido llamado a declarar voluntariamente en la comisaría de Ferrol y que la denuncia hacía referencia a hechos ocurridos un par de meses antes.
PERFIL Y FUTURO POLÍTICO
Licenciado en Veterinaria por la USC, Villares fue elegido alcalde de Cervo por mayoría absoluta en 2007, resultado que revalidó en 2011, 2015, 2019 y 2023. Tras cesar en el cargo de conselleiro, volvió a su puesto de trabajo en la Xunta, con un destino próximo a su domicilio que el sindicato CIG denunció como "trato de favor".
Con el archivo confirmado por la Audiencia Provincial, queda por ver si Rueda cumple su deseo expresado públicamente de reincorporar a Villares a la vida política gallega. Ni el exconselleiro ni la Xunta se han pronunciado a este momento tras conocerse esta última resolución judicial.
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