Rueda busca reforzar su imagen para el DEA a pesar de las denuncias de incumplimientos desde la oposición

El Parlamento de Galicia acogerá la semana del 6 al 12 de abril el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA), con las quinielas apuntando al 8 y el 10 de abril como fechas más probables. Para Alfonso Rueda, se trata de su segundo debate de este tipo en la XII Legislatura y el tercero desde que llegó a la presidencia de la Xunta. La convocatoria, además, llega en un momento simbólico: el 13 de abril se cumplirán dos años de su toma de posesión tras la mayoría absoluta cosechada en las elecciones del 18 de febrero de 2024 .

El DEA llega, por tanto, en el ecuador de la legislatura. Rueda se presentará ante la Cámara con un doble objetivo: hacer balance de lo ejecutado y fijar los ejes que guiarán la segunda mitad del mandato. Pero también funcionará como termómetro de acuerdos entre el PPdeG y los grupos de la oposición —BNG, PSdeG y Democracia Ourensana—, cuya disposición al entendimiento estará en el foco durante toda la sesión.

La herencia del debate anterior

Del anterior Debate de política general, celebrado también en abril de 2025, salieron más de medio centenar de propuestas de resolución aprobadas. La Xunta asegura haber cumplido alrededor del 85% de esas resoluciones, aunque una gran parte de las consideradas cumplidas son peticiones dirigidas al Gobierno central, no actuaciones propias del ejecutivo autonómico. Entre las completadas figuran mejoras en la red ferroviaria, nuevas rebajas fiscales, la ampliación del calendario de vacunas o la suscripción a la resolución del Parlamento Europeo de condena a los totalitarismos. También se dieron por cerradas demandas al Ejecutivo central como los Presupuestos Generales del Estado o el traslado de la necesidad de descentralizar los fondos europeos.

Sin embargo, siguen pendientes compromisos relevantes. La nueva ley de Administración local, cuyo anteproyecto ya se presentó pero que no llegó a aprobarse en 2025, sigue en el aire. El plan para construir 24 nuevas residencias de mayores fuera de las grandes ciudades —uno de los anuncios estrella del debate anterior— no registra novedades según el PSdeG, que recuerda que un año después del anuncio no hay avances visibles. También continúan sin resolverse la plantilla de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica, la presidencia de la Confederación Miño-Sil o la cofinanciación estatal para la gratuidad de las escuelas infantiles.

Lo que la oposición llevará al debate

La oposición avisó ya de sus intenciones. La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, advirtió que aunque Rueda recurra al triunfalismo, "la realidad va por otro lado" . Los socialistas señalaron que hay 378.749 personas en las listas de espera del Sergas y que los servicios sociales acumulan retrasos que afectan especialmente a las personas mayores dependientes. El PSdeG también denunció que los presupuestos de la Xunta para 2026 incluyen bonificaciones fiscales de 797 millones de euros que solo benefician al 4,2% de la población, cuestionando así el modelo fiscal del PPdeG.

Los socialistas defienden una negociación de la financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Galicia, como el envejecimiento, la dispersión territorial y la despoblación, y proponen la condonación de 4.000 millones de deuda para liberar recursos destinados a servicios públicos. El BNG, por su parte, no había realizado declaraciones públicas sobre el debate en el momento de publicar esta información.

Lo que Rueda pondrá sobre la mesa

Desde el PPdeG, el portavoz parlamentario Alberto Pazos destacó la inversión histórica de 10.600 millones en gasto social en 2026 y el avance en la política de vivienda, con 4.000 nuevos pisos públicos comprometidos para antes de 2028. El partido gobernante prevé que el DEA dejará en evidencia lo que llaman el modelo del "non" de la oposición frente a la hoja de ruta del ejecutivo gallego. Pazos auguró que el debate servirá para que Rueda fije los objetivos a corto y medio plazo del resto de legislatura.

Entre los asuntos con más recorrido político figuran la AP-9, cuya transferencia sigue siendo una demanda histórica sin resolver, y la reforma del sistema de financiación autonómica, donde la Xunta insiste en defender criterios que favorezcan a Galicia. El nuevo contexto arancelario derivado de las políticas comerciales de la administración Trump también estará previsiblemente en el debate, con Rueda habiendo creado ya un equipo de análisis de impacto en el Instituto Galego de Estatística.