Así estafaron constructores y empleados de banca a un discapacitado psíquico y a un anciano, según la Guardia Civil

Están acusados de aprovechar "la vulnerabilidad psíquica" de dos miembros de una familia para hacer "un uso indebido del dinero de sus cuentas"

La Guardia Civil del Puesto de Vimianzo (A Coruña) ha detenido a tres responsables de una empresa de construcción e investigado a dos empleados de una sucursal bancaria de la provincia que "se aprovecharon de la vulnerabilidad psíquica de dos miembros de una unidad familiar para hacer un uso indebido del dinero de sus cuentas".

Imagen de archivo de una pasada detención por parte de la Guardia Civil

Según ha informado el Instituto Armado, en el marco de la 'Operación Mifid', han sido detenidas tres personas e imputadas otras dos por un delito continuado de estafa y falsedad documental.

Los "movimientos indebidos", relatan las mismas fuentes, en las cuentas de las víctimas comenzaron tras el fallecimiento de un familiar que se hacía cargo de las gestiones económicas, momento que aprovecharon los presuntos autores de los hechos para comenzar a realizar compras, contratos o reintegros de grandes cantidades "mediante el engaño".

UN ANCIANO Y UN DISCAPACITADO, PRESUNTAS VÍCTIMAS

Los perjudicados se dieron cuenta de lo sucedido un mes después de que comenzaran los movimientos en sus cuentas, tras acudir a un gestor para solventar la documentación por el fallecimiento del familiar que se hacía cargo de ellos.

Una de las víctimas tiene una discapacidad psíquica de más de un 70% y la otra es una persona de avanzada edad, ha concretado la Policía Nacional.

MODUS OPERANDI

Tras el análisis de la documentación aportada por las entidades bancarias relacionadas, "se observó que tras el fallecimiento, los detenidos vieron la oportunidad de lucrarse a costa de dos personas vulnerables, produciéndose de las cuentas bancarias de los mismos grandes retiradas en efectivo", transferencias y préstamos, además de transacciones patrimoniales, "todo ello a favor de los detenidos, en unas cantidades que oscilan entre los cuarenta a los cien mil euros", ha resaltado el Instituto Armado.

Por otro lado, la Guardia Civil también pudo comprobar "una mala praxis" por parte de los empleados de la entidad bancaria a la hora de gestionar los diferentes productos financieros relacionados con los perjudicados, ha dicho, "que vulnerarían la legislación europea y española relacionada con los mercados de valores y productos financieros".

CONTROLES

"Para evitar situaciones similares como las acontecidas, en su día, con las preferentes la legislación nacional y europea solicita controles más estrictos en la oferta de productos complejos", subraya el Instituto Armado.

Una de las medidas establecidas, ha abundado la Benemérita, "es la necesidad de realizar un Test de Conveniencia (Conocido como el Test MIFID) con el que se busca establecer los conocimientos financieros de los clientes, así como su perfil inversor y su exposición al riesgo".

La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advertía en las últimas fechas que las entidades bancarias estaban sobrevaluando estos test con el fin de poder contratar estos productos a los clientes, ha señalado la Guardia Civil.

POSIBLE FALSEAMIENTO DEL TEST MIFID

En este caso, el test relacionado con los perjudicados "no se ajustaba en nada a la realidad, concediéndole unos conocimientos financieros nada acordes con ellos", ha resaltado el Instituto Armado, que añade que llegaba "a contratar fondos de inversión a un cliente con una importante discapacidad psíquica o un producto que vinculaba su rentabilidad a la evolución de un índice bursátil europeo en los próximos años".

Entre las declaraciones de la víctima también se hizo constar que el empleado del banco le vendió un móvil por valor de mil euros, "producto que no sabía utilizar debido a sus notorias facultades psíquicas y que se lo cambió a un taxista por el trayecto hacia su casa", ha puntualizado la Benemérita.

La Guardia Civil de Vimianzo continua con las investigaciones abiertas por la posible existencia de más afectados por la contratación de productos financieros complejos.