El Sergas limita la huelga de ambulancias a un conflicto entre trabajadores y empresas por el convenio colectivo

El gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, ha limitado la huelga del sector de ambulancias a una "convocatoria por la negociación del convenio colectivo" y a un conflicto entre la empresa y los trabajadores la huelga del sector de ambulancias.

En comisión parlamentaria, en respuesta a la pregunta de En Marea, ha asegurado que la diputada Eva Solla "faltaba a la verdad" al afirmar que la huelga respondía también a la situación de precariedad laboral de los trabajadores porque, según Fernández-Campa se trata de "un conflicto exclusivamente por la mejora del convenio colectivo".

Desde este punto de vista, ha incidido en que "es una circunstancia que tienen que solucionar las empresas y los trabajadores".

Pese a esto, ha subrayado que el Servizo Galego de Saúde ha ofrecido su mediación "desde el primer momento" a través del Consello Galego de Relacións Laborais y ha mantenido "reuniones con las centrales sindicales y con los empresarios".

La diputada de En Marea había preguntado en la comisión por el "incumplimiento reiterado de las condiciones laborales", además de alertar que la situación del "transporte sanitario no parece viable tal y como se están desarrollando los concursos".

Tras asegurar que el concurso de 2015 se convocó por un "importe insuficiente" y recordar que los "trabajadores sufren congelación salarial desde 2010", ha definido la actual situación como "insostenible" para un "servicio básico e imprescindible" que "está en cuestión por la mala gestión de la Xunta".

"Prorrogó una situación laboral de precariedad laboral absoluta --con el concurso de 2015-- con trabajadores con salarios por debajo del mínimo interprofesional con contratos en prácticas", ha aseverado Eva Solla, que vinculó la situación actual con las condiciones del concurso convocado por el Sergas.

Ante esto, la representante de En Marea ha reprochado al gerente del Sergas que se "inhiba de algo tan importante como el transporte sanitario" y que tiene "relación con el concurso", porque "fue insuficiente en 2015".

En su intervención, ha afirmado que "se están realizando transportes y atención con personas sin debida formación sanitaria", con "coches con problemas con pesos y equipamientos", y en los que "la gente incluso sube sobre cajas de cervezas porque no hay escalón, porque las ambulancias están rotas, se retiraron puertas traseras por otras para restar peso".

En esta línea, también ha preguntado sobre la investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso realizado por la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dependiente del Sergas, sobre el transporte de ambulancias, que se inició en noviembre de 2014 y cuyo montante ascendió a 121,6 millones de euros.

En concreto, el Juzgado investiga si pudo haber prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación y ha llamado a declarar en calidad de investigado el técnico responsable de transporte del 061, que actuó como evaluador de los vehículos.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL SOLO "CONTRA UN TRABAJADOR"
En respuesta en comisión parlamentaria, Fernández-Campa ha asegurado que el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago "no es una reclamación contra la Fundación sino contra un trabajador", aunque ha puntualizado que "hasta el momento", los 11 recursos por parte de distintos licitadores que se habían presentado fueron resueltos a favor de la Fundación.

Ante el exceso de peso de las ambulancias que se investiga, a raíz de un informe policial, también ha reivindicado que la valoración que encargó la administración, visada por el colegio oficial de ingenieros industriales ha concluido que "las ambulancias cumplían toda la legislación vigente".

LEY DE CONTRATOS
Tras la comisión parlamentaria, desde el Sergas se ha informado que el procedimiento aplicado por la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia para la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre, iniciado en 2014, se realizó siguiendo escrupulosamente lo requerido por la legislación vigente, en concreto, por la Ley de Contratos del Sector Público.

Así, todas las empresas que concurrieron al concurso, indica el Sergas, presentaron sus propuestas conocedoras de los requisitos establecidos en los pliegos para la contratación, que fueron hechos públicos según la legislación vigente.

Se trata de "costes económicos establecidos por las propias empresas licitadoras que en todo momento asumieron voluntaria y libremente".

Los contratos vigentes suscritos entre la Fundación Pública y las empresas adjudicatarias del servicio de transporte sanitario urgente terrestre recogen la obligación de estos últimos, con respecto al personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de legislación laboral y a lo dispuesto en el convenio colectivo del sector durante toda la ejecución del contrato.

Tal y como establece la legislación laboral y social vigentes, los adjudicatarios, con respecto a su personal, mantendrán "todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresarios sin que, en ningún caso, se pueda alegar ningún derecho en relación al 061 o a la Consellería de Sanidade".

A colación de esto, agrega que si "por parte de los trabajadores o de sus Comités de Empresa se aprecia alguna irregularidad en el cumplimiento del Convenio o de la legislación vigente deben dirigirse a los órganos competentes para garantizar los derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral", pues ese incumplimiento, precisa el Sergas, "acreditado mediante resolución firme de la autoridad competente podría ser sancionado por la Fundación, que en otro caso no tiene potestad".

Desde el Sergas se ha avanzado que en este momento se está trabajando en la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre. Su fecha prevista de adjudicación "es el mes de octubre de este año".

Por último, subraya que la Fundación del 061 está "a total disposición de colaborar con las autoridades judiciales en todo lo que se le requiera".