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Torra quita los lazos pero se querellará contra los jueces

La Generalitat anuncia un contencioso administrativo contra la decisión de la JEC, así como una querella por un presunto delito de prevaricación de este organismo.


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Dos trabajadores de la Generalitat han retirado este viernes a las 12.27 la pancarta con el lazo amarillo y la pancarta con el lazo blanco con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' de la fachada de la institución pública.


La Junta Electoral Central (JEC) había requerido al presidente, Quim Torra, retirar la pancarta con el lazo amarillo para preservar la neutralidad de las instituciones durante el periodo electoral y el líder del Ejecutivo pidió un informe al Síndic de Greuges sobre despejar de símbolos los edificios públicos.


Tras el informe del Síndic emitido el miércoles que recomendaba retirarlos, trabajadores de la Generalitat cubrieron la pancarta del lazo amarillo con otra con un lazo blanco con una franja roja y, en un acto ese mismo jueves, Torra aseguró que defendería hasta las "últimas consecuencias" derechos como el de la libertad de expresión, de manifestación y a la autodeterminación de Catalunya.


Retirada de pancarta en el palau de la generalitat


Los funcionarios también han retirado una pequeña pancarta colgada en una de las ventanas del Palau junto al balcón con el lema 'Libertad de expresión' y la característica careta con la franja roja cruzando la boca de la máscara.


A las 11.45 un grupo de unas 25 personas portando una pancarta que rezaba 'Libertad presos políticos' se han detenido frente a la Generalitat, han entonado Els Segadors y se han marchado.


En paralelo a la retirada de las pancartas, Torra ha emitido un comunicado en el que ha animado a los ciudadanos a colgar lazos y banderas esteladas en los balcones de sus casas.


En el comunicado, el presidente de la Generalitat anuncia un contencioso administrativo contra la decisión de la JEC, así como una querella por un presunto delito de prevaricación de este organismo.


En opinión de Torra, las resoluciones de la JEC son "injustas" y "arbitrarias", por lo que insiste en su defensa de ejercer la libertad de expresión "con todas las consecuencias que tenga que asumir".

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