Alcalde denunciado por amañar la elección de los funcionarios que deben supervisarle

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Bello Maneiro (Valga, PP) utiliza las dietas para engordar el exiguo salario ofrecido a empleados públicos que deben fiscalizar sus cuentas, denuncia En Marea


En Marea ha denunciado ante la Fiscalía provincial de Pontevedra una "supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valga", al entender que existe un entramado de favores que implica alalcalde, José María Bello Maneiro (PP), al secretario y al interventor accidentales, y que tiene "supuestos beneficios tanto para ellos como para terceras personas".



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Elena Cores, de la Coordinadora de En Marea y concejala de Gañemos Vilanova


La formación reclama que se investigue la contratación "un poco extraña", a iniciativa del propio alcalde, del secretario y del interventor y espera que esa investigación concluya con la depuración de las responsabilidades pertinentes.


SUPUESTO MODUS OPERANDI

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la Fiscalía en Pontevedra, Elena Cores, miembro de la Coordinadora de En Marea y concejala de Ganemos Vilanova, ha asegurado que esos puestos fueron cubiertos partiendo de una previsión presupuestaria anual "muy inferior al salario que, por categoría, les correspondería".


Y se hizo así, según sospecha En Marea, "con el presunto objetivo de disuadir a los funcionarios que pudieran estar interesados en optar a ellos, de manera que finalizaban siempre por estar vacantes".


"De esta forma el alcalde, frente esa vacancia, puede echar mano de gente que le resulte cómoda para el ejercicio de su actividad y que no ponga reparos", asegura Elena Cores.


Según los datos que sirven de base a la denuncia presentada por En Marea, ese déficit salarial contemplado en esas ofertas habría sido compensado a través de dietas.


ADJUDICACIÓN INDEBIDA

Por otra parte, En Marea también ha denunciado ante la Fiscalía la presunta adjudicación indebida de un contrato de refuerzo administrativo a una socia del interventor y el posterior ejercicio de las funciones que le fueron adjudicadas a un jubilado, en lugar de la persona inicialmente designada para tal fin.


"Una persona jubilada no puede estar trabajando en el ayuntamiento, por muy conocida que sea ni por mucho interés que tenga el alcalde en tenerlo ahí", indica Elena Cores, que considera que de este modo se está incumpliendo también la Ley de Protección de Datos.

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