Investigan un certificado de la Diputación de Ourense en la causa por falsedad documental conta un alcalde

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El juzgado de instrucción  3 requiere a la institución que aclare las "contradicciones" contractuales con CEM Cartografía


El Juzgado de instrucción número 3 de Ourense investigará sobre las "contradicciones" relativas al origen de un certificado enviado a otro juzgado de Carballiño y que se usó en la causa abierta por falsedad documental contra el alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño. Actualmente hay dos procesos judiciales abiertos derivados de la certificación de la casa que construyó el alcalde de Boborás, en el núcleo de A Almuzara.


Así, por un lado, el juzgado de instrucción número 1 de O Carballiño investiga si se falsificó la certificación de esta vivienda construida sin licencia y en suelo no apto para este tipo de uso, un proceso que se llegó a archivar la causa a finales de 2017. La vivienda se habría construido en 2010, pero el certificado remite a diez años antes.


Sin embargo, los denunciantes recurrieron al tener conocimiento de que había un informe pericial sobre la prueba caligráfica, el cual no había sido remitido en su momento a las partes. En enero de 2018, trascendió el informe pericial de la Guardia Civil, una prueba caligráfica que atribuía al alcalde de Boborás la redacción del escrito de certificación de la casa.


Ante esta situación, la causa se reabrió y continúa a la espera de que la jueza tome declaración a tres testigos propuestos por la defensa de Cipriano Caamaño y que están relacionados con la empresa CEM Cartografía. Esta empresa, con la que contrató en 2006 la Diputación, sería la encargada del catastro.


SEGUNDA CAUSA ABIERTA

Pero precisamente la segunda causa judicial abierta tiene que ver con el contrato de la Diputación ourensana con esta empresa. El Juzgado de Instrucción número 3 quiere aclarar las "contradicciones" sobre la certificación, ya que la Diputación de Ourense informó --en la causa anterior-- de que se había hecho por parte de CEM.


No obstante, un documento aportado por la denunciante a la causa --y con sello del ente provincial-- revelaría que la empresa ya no trabajaba entonces (en 2010) con el órgano presidido en aquel momento por José Manuel Baltar Pumar, padre del actual dirigente provincial.


En su denuncia, la particular que puso estos hechos en conocimiento de la justicia hace "constar" que en los años 2010 y 2011 la entidad CEM "no era la encargada de realizar los informes catastrales". En este sentido, asegura que ella misma gestionó en el año 2010 el alta catastral de un inmueble de su padre y fue varias veces a la oficina del catastro y el personal que la atendió "dijo ser de la empresa Servicat".



1.1


Además, a la solicitud que ella presentó ante la Diputación de Ourense de información sobre el contrato del ente provincial, en julio de 2018 le respondieron que se firmó un contrato con CEM en octubre de 2006 por dos años y que sería "susceptible de prórroga por periodos anuales".


Sin embargo, solo figuran dos propuestas de prórroga (en 2009) por parte de funcionarios provinciales, pero en ese documento aportado por la denunciante a la causa judicial y con sello de la Diputación de Ourense se concluye que "no consta resolución o acuerdo expreso de la prórroga del contrato", que habría finalizado al acabar los dos años que sí figuran.


PETICIONES DEL FISCAL Y JUZGADO

Con fecha del 19 de febrero de este año, Fiscalía pidió instó al juzgado a pedir a la Diputación de Ourense una "aclaración sobre las contradicciones" y que se requiriese a la Diputación el documento "acreditativo de la prórroga" del contrato con CEM de fecha del 6 de octubre de 2010.


En una providencia del 3 de abril de 2019, el Juzgado de instrucción número 3 de Ourense hizo estas reclamaciones a la Diputación, con el fin de dilucidar las "contradicciones" y reclamó el documento del contrato de la prórroga que aseguró que se había hecho.


A este respecto, fuentes de la Diputación de Ourense consultadas por Europa Press han confirmado que la petición del juzgado ha llegado a la sede institucional para preguntar por la relación contractual con CEM Cartografía, "información que se facilitará" a las instancias judiciales pertinentes.


Por otro lado, en esa misma providencia, el juzgado declaró compleja la causa ante la imposibilidad de resolverlo en los seis meses recogidos en la ley de enjuicimiamiento criminal. 

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