Suspendido fiscal jefe de Ourense por el caso de su piso

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Delgado también está expedientado en relación a un pleito sobre el perdón de obligaciones a algunos constructores por parte de un alcalde del PP


La Fiscalía General del Estado ha apartado temporalmente de su cargo al Fiscal Jefe de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, mientras se tramita el expediente disciplinario abierto a raíz del conflicto por el piso en el que reside en la ciudad y que la Xunta dejó de pagar en 2016.



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Delgado Ayuso  


Fuentes de Fiscalía consultadas por Europa Press han confirmado que la suspensión cautelar se establece por un período máximo de seis meses mientras se tramita el expediente disciplinario.


El cargo, en el tiempo en el que se mantenga la suspensión, será asumido por el Teniente Fiscal, el número 2 de la Fiscalía, Carlos Valenzuela.

Desde Fiscalía del Estado se ha incidido en que se trata de una medida cautelar, pero que de momento no es disciplinaria, porque el expediente sigue abierto.


La Xunta de Galicia comenzó en 2004 a pagar una vivienda al fiscal jefe de Ourense. Sin embargo, con el cambio de gobierno en la Xunta, se rescindió la partida destinada a este fin en 2008, aunque después se volvió a abonar.


Al año siguiente, con el relevo en el Ejecutivo autonómico en la Xunta se continuó la financiación de la vivienda hasta que en junio de 2010 se le volvió a comunicar a Delgado que se rescindía el contrato por parte de la administración.


No obstante, la administración continuó realizando el pago hasta 2016, año en el que finalmente se resolvió el contrato y se comunicó a las partes implicadas, según ha informado la Consellería de Facenda. Sin embargo, tras esto, el propietario del piso denunció a la Xunta por impago.


OTRO EXPEDIENTE POR EL CASO DEL EXALCALDE MANUEL CABEZAS

La medida se suma al expediente que también ha abierto la Fiscalía a Florentino Delgado, en el que lo investiga por la supuesta comisión de una "falta disciplinaria grave de abuso de autoridad", a raíz de la denuncia de la abogada Elena Díaz Valverde, la letrada de la exconcejala socialista de Ourense, Áurea Soto.


El origen de esta queja estaba en la denuncia que en 2014 Áurea Soto presentó contra el exalcalde de Ourense, el 'popular' Manuel Cabezas, por supuestamente no reclamar el 10% de las cesiones urbanísticas a algunos promotores, entre los años 1998 y 2003, y que habría supuesto que el Ayuntamiento dejase de percibir 1,7 millones de euros.


En este último caso, las diligencias informativas también se dirigen a esclarecer si la actuación del Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suanzes, supone "faltas disciplinarias de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes" "y/o infracción grave de deberes inherentes a la condición de fiscal", en relación a las actuaciones del Fiscal Jefe provincial de Ourense.

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