Una "segregación encubierta" detrás de la venta de Ferroatlántica, denuncia CIG

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Avisa de que la empresa, que no retirará el ERTE en Cee y Dumbría, ya solicitó la amortización del arrendamiento de las centrales.


Concentración trabajadores Ferroatlántica
La CIG ha denunciado que la operación de venta de Ferroatlántica "es un fraude" del Grupo Villar Mir para una "segregación encubierta" de las centrales hidroeléctricas del Xallas respecto a la producción de ferroaleaciones de Cee-Dumbría, con la que busca esquivar las cláusulas concesionales y "hacer caja con recursos naturales".

En un comunicado, el sindicato informa de que este jueves ha tenido lugar una reunión entre el comité de Ferroatlántica Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas, la dirección de la empresa y una representación de Ithaka --que gestionará las centrales y la fábrica de ferroaleaciones-- para abordar la venta al fondo TPG Sixth Street Partners por 170 millones de euros.

Al respecto, la CIG señala que, pese al cambio de propiedad, las plantas funcionarán "como una especie de subcontratas de Ferroglobe, "dependientes de sus decisiones empresariales, pero fuera del grupo". "Queda claro que al fondo TPG y a la sociedad Ithaka solo le interesa el negocio de la producción eléctrica y los sustanciosos beneficios que reporta, comprometiendo así seriamente la viabilidad de las fábricas y el empleo", lamenta.

De hecho, asegura que el comprador ha informado de que mantendrá los recursos contra la resolución de Augas de Galicia de denegar la autorización de segregación, mientras tampoco va a retirar el ERTE formulado para las fábricas de Cee y Dumbría.

Ferroatlántica seguirá vinculada a Ferroglobe toda vez que ambas han suscrito un acuerdo a largo plazo en virtud del cual la primera será receptor de los productos terminados de la segunda.


AMORTIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO

Además, la CIG señala que Ferroatlántica presentó el pasado 1 de julio en la Xunta la documentación para solicitar la amortización anticipada del arrendamiento financiero de las centrales, "en un intento de legalizar esta operación fraudulenta".

Considera "especialmente grave que, ante este hecho, la Consellería de Industria no haya trasladado ninguna comunicación al respecto al comité de industria".

En este sentido, la central sindical ve que esta operación "es semejante a la formulada en 2017", y por eso exige a la Administración gallega una actuación "contundente" para que haga valer las cláusulas concesionales.

Por todo ello, ha pedido una reunión urgente con la Xunta para conocer los términos de la solicitud y saber cuáles son las pretensiones del Gobierno gallego. Además, estudiará jurídicamente las medidas a adoptar.

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