El Procés: entre la chapuza política y el despropósito judicial

Manoel Barbeitos
Economista

Que barbaridad, que desmesura, que despropósito judicial que vuelve a poner en evidencia los grandes déficits que aún esconde la democracia española. La resolución del Supremo con condenas tan duras a los líderes políticos catalanes que defienden la independencia de Cataluña viene a confirmar como la vía judicial (dura) se está imponiendo como respuesta a un conflicto que es político. Una vía judicial que, como pudimos comprobar, gracias a que el juicio fue televisado, además de seguir un relato ultraconservador tuvo importantes carencias democráticas pues, como bien denunció la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) durante muchos momentos del juicio se vulneraron derechos de los acusados.


Pero no estamos delante de un enfrentamiento entre buenos y malos, como quieren muchos de los llamados inexactamente dos bandos (independentistas y no independentistas). De  ninguna manera, aunque la radicalización de ambas impidió, como estamos viendo, que la vía política propia de los estados democráticos se impusiese, por caso, la vía judicial, se equivocarán de nuevo sí luego de esta sentencia siguen empeñadas en mantener unas posiciones que ya estamos viendo a donde conducen. A un choque de trenes en el que, como era de esperar, el más débil (el independentismo catalán) lleva las de perder. Pero el más fuerte (el estado español) tampoco gana.


Un independentismo (JxCat, ERC, CUP) que debió entender y aceptar, ahora más que nunca, que la vía seguida por ellos es una vía muerta. Una vía que, de  ninguna forma, lleva la meta que procuran sino que los aleja aún más. Lo sucedido entre la primera semana de septiembre de 2017 –cuando el Parlamento catalán aprobó la llamada Ley de desconexión-  y este 14 de octubre de 2019 –en que el Tribunal Supremo dio a conocer su Sentencia en la que condena por  sedición a los líderes independentistas catalanes-  así lo evidencia. El independentismo catalán debe aceptar de una vez que aquello fue una chapuza, una chapuza inaceptable por ser una vía unilateral al referéndum que como tal garantizaba por sí mismo el conflicto y la tensión política (¿no lo sabían algunos de sus promotores?). Una tensión política  que se vio confirmada cuando sus promotores quisieron crear una nueva división entre los demócratas catalanes: según este guión los independentistas pasaron a ser los demócratas mientras que el resto eran no demócratas. La Generalitat era un ejecutivo demócrata, el Gobierno español un ejecutivo no demócrata. La lucha por la independencia pasó a ser una nueva versión de la lucha antifranquista. ¡Alucinante! Una lucha además por algo, la independencia, que no tienen fuerza para conseguir y ellos lo saben, o cuando menos lo saben los más lúcidos (como por caso Artur Mas) como también saben que la Cataluña que algunos venden no tiene nada que ver con la Cataluña real, sino que es una Cataluña totalmente inventada. Una Cataluña que algunos inventaron para que no se hable de los problemas reales.


Pero lo que podemos llamar no independentismo (PP, PSOE y Cs) también debe entender que la vía represiva adoptada frente al independentismo no es aceptable. Responder como se respondió al Procés no es propio de un estado democrático. Deben entender que llevarlo a la vía judicial, además de no ser un solución, es, como acabamos de ver, una barbaridad que lesiona derechos fundamentales: por caso la situación de detenidos de políticos que son cargos electos es insostenible. Como señalan destacados constitucionalistas, aquellos deben aceptar de una vez que Cataluña es el gran problema constitucional de España, por lo que su solución nunca será la represión. También deben entender que el fallo del Tribunal Constitucional tirando abajo prácticamente todo el Estatuto en el año 2010 fue, como bien señaló en su día el catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo, un golpe de estado. Un golpe de estado (desautorizó un Referéndum y un pacto entre dos Parlamentos democráticos) que en Cataluña le abrió las puertas al independentismo, por lo que está en el origen del conflicto actual.


Ambas partes, finalmente, deben entender, que para un real funcionamiento democrático se precisan mutuamente. España, vuelvo de nuevo al profesor Royo, “no puede dirigirse democráticamente si no se dirige democráticamente Cataluña. Al mismo tiempo, si los catalanes no tienen fuerza suficiente para independizarse, sí la tienen para hacer imposible el funcionamiento democrático del Estado español”. Estamos, por tanto, ante un problema político, la integración de Cataluña en el Estado español, que exige de soluciones políticas. Judicializar un problema político es agudizar un problema, una barbaridad tal y como estamos viendo.


No soy quien de señalar cómo va a acabar todo esto. Sí digo que es todo una desmesura, y que este último despropósito judicial no hace más que incrementarla. Parece inevitable que la tensión siga en aumento, pues la situación actual no ofrece salidas. Pero finalizado el juicio tendrá que empezar política. Una política en la que la reforma de la Constitución Española aparece cada vez más como urgente e imprescindible.


Estamos en campaña electoral: a ver con qué nos sorprenden los políticos si es que aún nos pueden sorprender.

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