Un poder judicial bajo sospecha

Manoel Barbeitos
Economista

La justicia española viene evidenciando, un día sí y otro también, que precisa de una urgente puesta al día en línea con lo que correspondería a un estado democrático como, por caso, el de nuestro entorno europeo. La justicia española, como viene de confirmar el Tribunal Supremo con su desmesurada sentencia en contra de los políticos independentistas catalanes, esconde un gran déficit democrático ya que no cumple con los principios que se le suponen a un poder judicial democrático.


Son contundentes las evidencias sobre la visión conservadora y restrictiva que la justicia tiene en el poder judicial español y muy especialmente en asuntos tan fundamentales como los derechos y las libertades democráticas que, por caso, se reconocen en la Constitución Española (CAPITULO SEGUNDO, Artículos 15-29: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas). Una visión que lleva, como podemos comprobar con demasiada frecuencia, a que los problemas en vez de resolverse se compliquen y  enquisten.


He ahí el caso ya citado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el juicio a los dirigentes políticos del Procés. Una sentencia que no puede más que calificarse, y así lo hicieron destacados juristas, como desproporcionada ya que no se corresponde con la falta cometida. Y también una sentencia peligrosa ya que puede crear un precedente muy negativo para las libertades y los derechos democráticos en España. Por estas razones no deja de ser muy preocupante la valoración que de la misma hicieron, y están haciendo, dirigentes políticos y medios de comunicación y opinión. Unas valoraciones que parecen coincidir en una visión restrictiva de la democracia y, más en concreto, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.


La sentencia del Tribunal Supremo que condena la dirigentes políticos, que son demócratas y pacifistas, como ya señalé en un artículo anterior en este mismo medio, es una sentencia desproporcionada a la falta cometida, pues las condenas son incluso más altas que las del 23- F. Y también una sentencia claramente discriminatoria pues, por caso, sorprende el diferente trato judicial recibido por estos políticos del Procés con el que se les otorgó, y se sigue otorgando, a los políticos vinculados a tramas de corrupción que, en general, reciben un trato mucho más  benévolo.


La sentencia del Tribunal Supremo es al mismo tiempo una sentencia peligrosa porque crea un nuevo precedente sobre cuando estamos delante de un caso de  sedición: ¿qué se entiende a partir de ahora por sedición? El abanico de posibilidades se abrió, con esta sentencia, de una manera peligrosísima. ¡Según esta sentencia hasta los activistas tipo 15M podrían ser considerados como golpistas! Por caso, ¿serán los pensionistas que se manifiestan en defensa de sus pensiones acusados de sedición? ¿Y las familias ferrolanas que protestan por la amenaza de cierre de ENDESA?


Son sentencias judiciales de este tipo, que se repiten con demasiado frecuencia (he ahí otro caso reciente de desmesura judicial: El Caso Alsasua, cuando ocho jóvenes fueron acusados de terroristas por un altercado en una taberna siendo condenados a penas de ventre 2 y 13 años), las que siembran  dudas sobre  el carácter y el funcionamiento democráticos del poder judicial español


En esta  evaluación sobre el poder judicial español no podemos dejar de subrayar cómo determinados comportamientos de los partidos políticos españoles mayoritarios (especialmente el Partido Popular pero también el PSOE) favorecen este tipo de actuaciones judiciales. Por caso, cuando utilizan su poder tanto para situar en las instancias judiciales a juristas con una visión claramente conservadora y/o partidaria de los derechos y las libertades democráticas como judicializando problemas que deben tener una solución política.


Fue el Partido Popular (PP), con el apoyo de destacados dirigentes socialistas (PSOE), con su recurso de inconstitucionalidad (31 de agosto del 2006) contra una reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya que había sido aprobada por los Parlamentos catalán (30 de noviembre del 2005) y español (31 de marzo del 2006) y apoyada por un referéndum (18 de junio del 2006), quien crispó el ambiente político en Cataluña y abrió la puerta a los escenarios como los que ahora estamos viendo.


Con hechos como estos y muchos otros que se podían citar no ha sorprendido que la confianza de los españoles y los gallegos en la justicia sea de las más bajas de Europa.

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Más opinión
Opinadores

Pressdigital
Plaza de Quintana ,3 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consejo editorial Publicidad
Powered by Bigpress