La imprescindible movilización social

"Que los diputados escuchen nuestra voz" declaración de las víctimas de la DANA en la manifestación que tuvo lugar delante del Parlamento Valenciano.

Conforme pasan los días resulta más evidente que si se quiere evitar un 23F judicial serán necesarias, diría que imprescindibles, grandes movilizaciones sociales. Serán necesarias porque nos deberían quedar pocas dudas de que en España una trama política-judicial- mediática está trabajando a destajo por un golpe judicial que derribe el actual gobierno de turno (PSOE/Sumar). Una trama que el partido mayoritario de las derechas (PP) -que según sus estatutos se define como “de centro reformista e inspirado nos valores del humanismo cristiano”- alimenta con su estrategia de acoso y derribo y también con sus insultos, descalificaciones a malas formas (“El sanchismo convirtió el PSOE en una organización criminal”, Alberto Núñez Feijóo).

El increíble juicio que en el Tribunal Supremo se le está haciendo al Fiscal General del Estado es una prueba del que señalábamos anteriormente. ¿Digo increíble porque en las sesiones celebradas está quedando claramente de manifiesto que Álvaro García Ortiz no cometió los delitos que le atribuyen -por cierto, donde queda la presunción de inocencia?, cuando en una democracia un inocente tiene que ser él quien demuestre su inocencia?-. Luego de las declaraciones de los señores Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, y a pesar de sus circunloquios, quedaron claras tres cosas relevantes para el juicio: que no fue el Fiscal General quien dio a conocer el correo del abogado del defraudador solicitando un acuerdo con la Fiscalía, que tampoco hay pruebas de que aquel había dado orden de pararlo expediente y, finalmente, que esos dos señores mintieron reiteradamente incluso en sede judicial. Que luego de estas evidencias el juicio siga adelante confirma el señalado al principio.

Finalmente, el informe de la UCO no confirma las tremendas acusaciones que desde distintos medios de información y tribunas políticas -todos de derechas- se hicieron contra el Ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, pues segundo aquel ni Torres ni la suya equipa incurrieron en irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia. “No hay comisiones, ni mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente. No hay nada del que me estuvieron atribuyendo durante casi un año y medio”. ¿De confirmarse estas evidencias cuál debería ser la actitud de la citada trama política-judicial-mediática? ¿Habría seguido en su estrategia golpista?

A pesar de la feroz resistencia, el señor Carlos Mazón tuvo que dimitir de la Presidencia de la Comunidad Valenciana a causa de su incalificable actuación durante la DANA en la que hubo 229 víctimas mortales. Pero, compre subrayarlo, la dimisión no vino ni por voluntad propia ni por petición de su partido (PP) o de su aliado político (Vox). Vino por la presión popular y, muy en concreto, de los familiares de las víctimas: “Mazón no dimitió, lo tiramos entre todos”, chillaron muchos de los asistentes en la multitudinaria manifestación -a duodécima- habida en Valencia contra Mazón. Una manifestación en la que las intenciones del Partido Popular y Vox de culpar al gobierno español de turno (PSOE/Sumar) no tuvieron eco, pues la responsabilidad se centró, como era lógico, en el señor Carlos Mazón y en su gobierno lo que implica al Partido Popular y la Vox.

Estos son tres ejemplos de sucesos acaecidos en los últimos días cuando se pudo comprobar que tanto el triunfo de la estrategia golpista de las derechas (PP/Vox) cuanto la derrota de la misma van a depender, y mucho, de la reacción ciudadano, de la movilización social que, hoy por hoy, parece imprescindible si queremos defender la democracia que tanto nos costó conseguir. Porque esta democracia está amenazada por una trama política-judicial-mediática montada y alimentada por las derechas (PP y Vox) que parecen buscar un 23F judicial.