Polémicas con las ambulancias del 061 de Lugo y también la contrata del Grupo Norte

La Xunta asegura que el servicio funciona con normalidad pese al conflicto con la subcontrata denunciado por la CIG. Otra polémica es la de las ambulancias de Lugo, donde varios denunciaron irregularidades en la Inspección de Trabajo y la Xunta confirma que ha pedido explicaciones a la concesionarias ante las "carencias" denunciadas.

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 afirma que las "desavenencias" entre la empresa Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios SL y su personal "no afectan en modo alguno" al funcionamiento de la central de coordinación para la gestión de las urgencias y emergencias sanitarias en la comunidad autónoma.

Autoridades visitando la central del 061 en una foto de archivo

Lo indica en respuesta a las críticas de la CIG, que este martes ha denunciado que Grupo Norte "utiliza" al personal operador del 061 "para coaccionar" a la Fundación del 061 para cobrar lo que ésta le debe.

Las "desavenencias" entre la empresa adjudicataria del servicio de operación telefónica en la central de coordinación de la fundación pública y su personal, destaca el 061, constituyen "un asunto privado entre la empresa y los representantes de sus trabajadores".

Y agrega que desde el inicio de la vigencia del contrato del servicio de operación telefónica la fundación "está cumpliendo escrupulosamente con todas las prescripciones técnicas y obligaciones económicas establecidas en los pliegos de licitación del servicio".

AMBULANCIAS LUGO
Por otra parte, en respuesta a CC.OO. y UGT, que este martes han denunciado ante Inspección de Trabajo "irregularidades" en el servicio de ambulancias del área sanitaria de Lugo, el 061 indica que, siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente, "está a la espera de ser informado por la UTE Servicios Sanitarios de Monforte y otros sobre las condiciones de prestación del servicio de transporte sanitario urgente en Lugo".

"Esto tiene lugar tras la comunicación a la fundación de posibles carencias en la prestación del servicio", apunta, antes de subrayar que para que la administración pública imponga sanciones a las adjudicatarias "es necesaria la existencia de resoluciones firmes dictadas por la autoridad competente en las que se recojan los incumplimientos denunciados".