Trabajo recuerda que las empresas que pagaron nóminas con dinero público, como El Corte Inglés, no pueden repartir dividendos

Las empresas que han tirado del dinero público para pagar las nóminas de sus ERTEs no pueden repartir dividendos entre sus accionistas. Así lo establece la Ley, pero una parte de los dueños de El Corte Inglés está presionando al Gobierno para que les permitan cobrar.

Así lo adelanta hoy El Confidencial, quien indica que la directiva ha contactado tanto con Marta Calviño, ministra de Economía, como con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo para conseguir la exención.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo consultadas por Galiciapress indican que "no les consta" ninguna llamada con esta finalidad. Además, añaden que "la prohibición para repartir dividiendos para las empresas acogindas al ERTE está recogida en el Real Decreto 18/2020 de prórorga de ERTE, al que El Corte Inglés estaba acogido".

UNA FUNDACIÓN BENÉFICA CON INVERSIONES EN BANCOS Y EL GRUPO PRISA

El argumento para arrancarle al Ejecutivo poder cobrar dividendos es que el principal accionista, con casi el 38%, es la Fundación Areces. Su principal objetivo es "crear una sólida estructura científica y tecnológica en España, que permita mejorar la vida de las personas".  Dado que parte de los ingresos de la Fundación van a la investigación médica, estos emolumentos podrían, por ejemplo, impulsar la lucha contra el coronavirus.

Ahora bien, no todo lo relacionado con la Fundación Areces es filantropía. La Fundación dispone de una amplia cartera financiera, de más de 10,5 millones de euros según las cuentas de 2017. 

Así, la Fundación informa en sus últimas cuentas publicadas que tenía 7 millones en acciones del Banco Santander, 1,2 en BBVA, 1,04 en Iberdrola y una participación en uno de los grupos periodísticos con más peso en la configuración de la opinión pública española, Prisa.  Los activos de la Fundación Areces en Prisa habían supuesto para la Fundación unas pérdidas de más de 626.000 euros por entonces.

De no poder cobrar, sería la primera vez que ECI suspende el reparto de dividendo. Dividendos que, pese al empeoramiento financiero del grupo,  fueron de 75 millones de euros el año pasado.

Hay que recordar que el 75% de la nómina de 26.000 empleados del grupo se pagó con dinero público durante su ERTE, el mayor de la historia de España, que concluye hoy precisamente. Además, ECI está gestionando un aval del estado para un crédito de más de 1.300 millones.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

Políticamente, sería muy complicado para el Ejecutivo explicar porqué un grupo que tira del erario público para pagar nóminas y lograr créditos más baratos al final reparte beneficios entre sus accionistas. Beneficios que además acabarían en una persona jurídica que es accionista de uno de los principales actores mediáticos de España.

Además, los accionistas no son sólo la Fundación Areces, pues entre ellos también está Cartera de Valores IASA (controlada por la presidenta no ejecutiva Marta Álvarez y su hermana Cristina y participada por su rival y primo Dimas Gimeno), un jeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani y la familia García Miranda.