#Claves de la semana

¿Son los mercados al aire libre más peligrosos que ir al supermercado? Los ambulantes piden volver trabajar

Se dirigirán a todas las Administraciones con un acuerdo unánime que "por primera vez" entre todas estas entidades

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Los municipios están limitando las tradicionales ferias y mercados campesinos. Por ejemplo, la Praza de Abastos de Santiago ya no permite a los agricultores vender en sus inmediaciones enarbolando el COVID, según denunció el SLG.


Seis organizaciones de venta ambulante a nivel gallego han firmado un manifiesto en el que reclaman a los ayuntamientos la realización de los mercadillos.


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Ante la "dejación de funciones" de los municipios que "no quieren" celebrarlos pese a que, desde la Xunta, "Sanidade dice que se puede ampliar la superficie", los afectados urgen que se retome esta actividad "cumpliendo la orden" de la autoridad sanitaria.

"Deciden no autorizar un mercadillo al aire libre pero sí se puede comprar en un supermercado", han criticado.

La Asociación Galega de Ambulantes Autónomos, la Asociación Galega de Vendedores Ambulantes, la Asociación Profesional de Comercio Ambulante de Galicia, la Asociación de Mercaderes Ambulantes de Vigo, la Asociación Única de Vendedores Ambulantes de A Coruña y la Asociación de Vendedores Ambulantes do Morrazo han lamentado en Pontevedra la "falta de interés" no solo de las administraciones locales, sino también del Gobierno Central, el Ejecutivo autonómico y las Diputaciones hacia este sector, recordando que se trata de una "actividad económica rentable y sostenible" pero que, a consecuencia de la pandemia, ha sido "uno de los más duramente golpeados".

Así, han acusado de "populismo barato" al 80 por ciento de los responsables municipales, con excepciones como Pontevedra, Tui, Pontecaldelas, Redondela, Marín, Sanxenxo, Rianxo, Xinzo, Ourense y Ribadavia donde "se hacen las cosas bien", ha afirmado el presidente de la Asociación Galega de Ambulantes Autónomos, Iago Vázquez.

Además de apelar a la "comprensión y la ayuda" de los dirigentes públicos, han acordado --"por primera vez, todos unidos", ha destacado Vázquez-- una batería de medidas que trasladarán a todas las Administraciones a pesar de que ya han mantenido muchas reuniones "y todo quedó de lado".

Argumentando que las ventas han sido "nulas" debido a la "suspensión de muchos mercadillos" y que su situación es de "ruina", han demandado al Gobierno Central que se reactiven las ayudas por cese de actividad y se les reconozcan enfermedades profesionales como la artrosis y las dolencias lumbares, junto con la aplicación de un coeficiente reductor para la edad de jubilación.


PROPUESTAS A LA XUNTA

Entre las propuestas dirigidas a la Xunta figura la elaboración de un protocolo para la desinfección de furgones antes del acceso a las ferias, habilitar corredores de entrada y salida, elaborar un estudio de riesgo comparativo entre mercadillos y actividades en recintos cerrados, y activar ayudas para la compra de mercancía.

"Nos encontramos con un stock importante de la mercancía de verano", han explicado, por lo que carecen de "liquidez suficiente para invertir" debido a la suspensión muchas ferias.

Desde el punto de vista impositivo, también han reclamado una bonificación del seguro autónomo y que, mientras duren las restricciones, Portos de Galicia condone las tasas a los ayuntamientos cuyos mercadillos se realizan en zonas de su ámbito territorial.

Desde las organizaciones de ambulantes han instado a los Gobiernos locales a impulsar campañas de impulso del comercio local que "también incluya el comercio ambulante", por tratarse de actividades "compatibles y complementarias".


RECLAMACIÓN A LA XUNTA

En este sentido, también han apelado a la Consellería de Economía la puesta en marcha del Sello Feria y Mercadillo Seguro, junto con una normativa "común a todos los ayuntamientos" que tenga en cuenta al sector en su redacción y un manual de buenas prácticas para los profesionales para "dignificar su trabajo".

Ante las dificultades de algunos ayuntamientos que "no disponen de la infraestructura necesaria para aplicar el protocolo", están entidades también han pedido recursos "tanto humanos como económicos" a las Diputaciones para "colaborar en la organización y el mantenimiento de las medidas" protocolaria

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