Incendios forestales: la Marea Negra anual de Galicia

Manoel Barbeitos
Economista

Cuando un fenómeno de carácter destructivo como este de los incendios forestales consigue tales dimensiones (40.000 hectáreas de promedio anual, el 25% de la superficie total quemada en España) y presenta tal regularidad (todos los años) bien se puede decir que estamos delante de un gran problema social y sistémico tanto porque afecta a toda la sociedad gallega como porque está relacionado indiscutiblemente con su historia más reciente.


Partamos de aceptar una evidencia tal como que "el fuego no cae del cielo". Que hay quien lo prende, lo que supone aceptar que hay pirómanos. Cuido que a estas alturas ya nadie discute esta evidencia, lo que supone reconocer que la mayoría de los incendios forestales son intencionados. Si esto es así, ¿quién y por qué quema los montes?


Caben varias respuestas a esta pregunta que en sí mismas esconden posibles soluciones. Hay quien le prende fuego los montes por motivos más relacionadas con la psiquiatría que con cualquier otra posible motivación. Estamos así delante de individuos/as anónimos/as pero que según los expertos son una minoría. Una minoría que, a pesar de eso, resulta difícil de aceptar que no sea conocida por el vecindario, lo que refleja una realidad preocupante. También la evidencia de que sin el apoyo claro del vecindario y "sin espolear la conciencia social hacia comportamientos individuales y colectivos respetuosos" (Serafín González Prieto, presidente de la  SGHN) no se podrá dar solución a este problema o cuando menos reducirlo a la mínima expresión.


A pesar de eso, llegados a este punto, no debemos despreciar la evidencia de que estos/as individuos/as vienen facilitado su trabajo destructivo por el creciente desinterés de la ciudadanía rural por el monte. Un desinterés que está favorecido por las políticas públicas que desde hace décadas se vienen aplicando con relación a la superficie forestal. Unas políticas públicas que marginan la población rural y a toda población en general cuando por caso algunas experiencias de éxito ponen en evidencia las ventajas de fomentar la participación de ciudadanos y colectivos en tareas de vigilancia de montes.


Unas políticas públicas que, con la excepción del corto período del bipartito (2005-2009), ponen la tilde más en la extinción que en la prevención de los incendios, como así lo denuncian destacados expertos y lo confirman los presupuestos públicos. Una extinción que, por otra parte y respondiendo a la ideología neoliberal del partido que gobierna la Xunta de Galicia (PP), se deja en manos del capital privado. Un capital privado que, respondiendo su lógica, actúa procurando la máxima ganancia: he ahí que se hable con fundamento de la "industria del fuego". Máxima ganancia que depende de varios factores. En primer lugar de la actividad que en este caso son los incendios: ¿cabe dudar de que cuántos más incendios haya más ganancias obtendrán las empresas que se contratan por muchos condicionantes que se le pongan ligados a los resultados? Las leyes del capital no engañan sino que se confirman una vez sí y otra también.


Una máxima ganancia que también depende de unos costes que se quiere sean los mínimos. Unos costes entre los que el de personal debería ser de los más elevados. He ahí que tanto el número de personal contratado como las propias condiciones laborales incida directamente en los resultados. Empezando por esto último no resulta infrecuente que se  den coincidencias en el tiempo entre la plaga de los incendios y las protestas del personal contratado por las condiciones laborales como está sucediendo en el momento de escribir este artículo. En relación al primero resulta evidente que la contratación de personal, dado que se trata de actividades de extinción, va a estar condicionada por el volumen y dimensión de los fuegos. Cuantos más fuegos y grandes más personal se necesitará, ¿o no?... Saquen ustedes mismos las conclusiones sobre las consecuencias que se pueden derivar de este tipo de política de personal en un entorno con un elevado nivel de desempleo y de precarización laboral.


Estas políticas públicas, que priman la extinción, suponen también condenar al abandono a grandes extensiones de la superficie forestal tal que en la práctica están ayudando a incentivar los incendios. "La peor piromanía y mantener extensas superficies de monte abandonadas sin producir riqueza para sus propietarios. Abandono de tierras y fuego sí que tienen un fuerte enlace" (Antón Fernández Oca. Director general de Producción, Industrias y Calidad agroalimentaria en el bipartito). Abandono que deriva de la falta de una auténtica política de gestión forestal ligada al territorio y con criterios de valoración también ligados la economía rural. En definitiva una política que una el sector forestal con el resto de la actividad agraria.


En Galicia hay evidencias de que "cuando los montes proporcionan riqueza a sus propietarios aquellos no son abandonados y en ellos el número de incendios y escaso" (A.F.O.). Hay, por tanto, que hacer rentables los montes, tarea que no es sencilla pero sí imprescindible.


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