La familia Franco acepta entregar el Pazo de Meirás al Estado, aunque "provisionalmente"

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Los herederos del dictador están aún pendientes del recurso en la Audiencia Nacional. Con todo, parece que quieren dejar de responsabilizarse por ahora del inmueble y de sus gastos de mantenimiento al menos por ahora.


La familia Franco acepta entregar "provisionalmente" el Pazo de Meirás al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución.



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El nieto mayor de Franco, Francis Franco (d) con una bandera preconstitucional a su llegada al Valle de los Caídos antes de la exhumación los restos de Francisco Franco


Así consta en un escrito dirigido al juzgado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia.

¿A QUÉ SE DEDICARÁ?
En esa comparecencia, el ministro no concretó el uso que se daría al inmueble, pero incidió en que "lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco". "Una cuestión que reclama toda la ciudadanía", apostilló.

Ahora, en su escrito, los herederos del dictador sostienen que han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Administración General del Estado "ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia".

Sobre esta decisión, avanzan que no tienen intención de oponerse "a tal solicitud", al tiempo que muestran su disposición a que "con carácter provisional", y a la espera de cómo se resuelva su recurso, "cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia", añaden sobre el inmueble en un escrito con fecha de este pasado martes, día 3.

PENDIENTES DEL RECURSO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL
La sentencia, dictada el 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales, declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

Además, condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que esta parte alegó haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tras el fallo, los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución.

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