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Al volante y tan borracha que pide ayuda a la Guardia Civil para regresar a su trabajo en A Cañiza
La conductora arrojó un resultado cuatro veces por encima de lo permitido en la prueba de alcoholemia.
Fue ella misma la que llamó a la Guardia Civil desde la autovía A-52, de Ribadavia a Vigo, para solicitar la ayuda de la Benemérita: quería ir a su lugar de trabajo.
Un conductora ha sido interceptada en A Cañiza (Pontevedra) tras solicitar ayuda a la Guardia Civil para llegar a su puesto de trabajo por encontrarse indispuesta al haber ingerido bebidas alcohólicas y llegar a cuadruplicar la tasa de alcoholemia.
Según ha informado el Instituto armado este viernes, los hechos sucedieron el pasado fin de semana, cuando el 112 informó de que una mujer que viajaba por la autovía A-52, de Ribadavia a Vigo, requería la presencia de la Guardia Civil para que la trasladaran a su lugar de trabajo debido a que no se encontraba en condiciones de conducir por haber consumido bebidas alcohólicas.
Tras el aviso, una patrulla del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de O Porriño localizó al vehículo estacionado en el arcénde la autovía, a la altura del kilómetro 274, en el municipio de A Cañiza.
La conductora, que se encontraba dentro del turismo, ratificó a losagentes que había llamado al 112 solicitando ayuda para llegar a su puesto de trabajo, en Vigo, ya que se encontraba indispuesta por haber ingerido bebidas alcohólicas.
Al ser requerida para realizar las pruebas de alcoholemia dio resultado positivo con una tasa de 1,04 mg/l en aire espirado, lo que supone algo más de cuatro veces la tasa máxima permitida.
Una vez retirado el vehículo de la autovía por una grúa, la conductora fue trasladada al cuartel de O Porriño, donde se le notificó su condición de investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Las diligencias instruidas se remitieron al Juzgado de Instrucción de guardia de los de Ponteareas.
La Guardia Civil ha señalado que, de ser considerada culpable por la Autoridad Judicial, la mujer se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses, a una multa de seis a doce meses, o a trabajos en beneficio de la comunidad. En cualquier caso, con la privación deconducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
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