#Claves de la semana

La Xunta quiere una planta de biocombustible en Endesa As Pontes que según los trabajadores es inviable

Sindicatos critican falta de avances en la reunión de este miércoles porque no hay garantías para mantener el empleo a partir del 30 de junio

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La solución propuesta por San Caetano necesita de una fuerte inversión pública ligada a los fondos Next Generation


Los trabajadores no la ven factible, porque ni Endesa la quiere ni el Estado parece dispuesto a primar tanto la energía que allí se produzca


Archivo - Transportistas de carbón bloquean las salidas de la central térmica de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Una pasada protesta de los camioneros que trabajaban para Endesa As Pontes


 


El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha expuesto ante el Ministerio para la Transición Ecológica un proyecto para reconvertir la térmica de As Pontes (A Coruña) en una planta de biocombustibles, lo que supondría una inversión de 30 millones de euros y sus trabajos de ejecución se iniciarían a comienzos de 2022.

CIEN PUESTOS DE TRABAJO
En la Mesa de Transición Xusta das Pontes, celebrada de forma telemática este miércoles, Conde ha dado cuenta de esta iniciativa que generaría la creación de más de 100 empleos y daría respuesta a trabajadores de la central, auxiliares y transportistas.


El tema de los transportistas que llevaban carbón desde el Puerto Exterior de Ferrol a la térmica es uno de los más espinosos. Al ser autónomos, la protección social que ofrece Endesa a sus empleados no les cubre. Además, muchos habían invertido en nuevos camiones cuando se anunció el cierre.

FACTIBLE, PERO CON DINERO PÚBLICO
En declaraciones tras el encuentro telemático, ha indicado que informes corroboran la "viabilidad" técnica, ambiental y económica del proyecto, si bien demanda al Gobierno la puesta en marcha de primas para que sea factible.

Al respecto, el Ministerio se ha comprometido al "análisis" de la propuesta, en la que cual la Xunta demanda mecanismos de subasta en la hoja de ruta de soluciones para zonas de transición ecológica, de forma que "puedan responder a precios de mercado".

A este respecto, el Gobierno gallego estima que, para que sea viable, el proyecto debe contar con un régimen retributivo de 30 euros por megavatio por hora.

Paralelamente, el vicepresidente económico ha trasladado a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el "compromiso" a seguir colaborando a través de los convenios de transición justa una vez se concreten las alternativas y en la medida en que se defina el modelo de cogobernanza. "Concreción, certezas y alternativas", requiere.

INSATISFACCIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES
Por su parte, representantes de los trabajadores consideran que la reunión "no fue positiva" ya que que "no hay prolongación" del empleo más allá del 30 de junio, "ni garantía de que no haya despidos".

En declaraciones a Europa Press, Alberte Amado (CIG) lamenta que continúa la "incertidumbre", lo que "no tiene sentido a estas alturas" después de año y medio de proceso y cuando en enero se daba un plazo de 15 días para buscar una solución.

Apunta al "enfrentamiento" entre Xunta y Gobierno, dado que Endesa sostiene que el proyecto del Gobierno gallego "no se ajusta a realidad" y no está dispuesto a llevarlo adelante, indica Amado, aunque estaría en disposición si hay un tercero que lo asuma.

MONCLOA NO VE VIABLE EL PLAN DE LA XUNTA, DICE LA CIG
Además, este sindicalista explica que el Ministerio "pone en duda el planteamiento, pues el proyecto de biocombustibles va acompañado de unas primas a la producción que entiende que no las pueden dar", pues "no tendrían cabida" en el sistema actual de subastas, por lo que lo ve "papel mojado".

Por todo ello, llama a "no seguir perdiendo tiempo" y apostar por "alternativas reales" que garanticen el empleo y eviten los despidos a partir del 30 de junio, ya sean proyectos de Endesa o con fondos europeos, aunque "no se puede ligar todo a fondos europeos cuando aquí hay una problemática que hay que solucionar". Mientras, el procedimiento ordinario para tramitar el cierre de la central retrasa los trabajos de desmantelamiento.

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