Un poder judicial bajo continua sospecha

Manoel Barbeitos
Economista

En repetidas colaboraciones con este medio vengo exponiendo mi preocupación por unos comportamientos del poder judicial que favorecen que entre los ciudadanos de los pueblos de España se extienda la sospecha de que sus actuaciones no se corresponden con los de un poder que tutela los derechos y las libertades de todos. Los estudios mas serios apuntan la que la percepción de los ciudadanos españoles sobre la independencia de los jueces es de las mas negativas de la Unión Europea, criterio compartido por muchos jueces y juezas. He ahí que cada día que pasa crezcan mas entre los/las magistrados/las las voces criticas sobre un poder del estado en los que tanto las interferencias políticas como las presiones de los poder económicos impiden la independencia judicial. Como bien había señalado el magistrado Joaquim Bosch, exportavoz de Jueces y Juezas por la democracia, "a veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telearañas que cogen las pobres moscas y dejan pasar las avispas y los abejorros".


Como bien había señalado el magistrado Joaquim Bosch,exportavoz de Jueces y Juezas por la democracia, "a veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telearañas que cogen las pobres moscas y dejan pasar las avispas y los abejorros".


Una de las manifestaciones mas recientes de que tal sensación tiene fundamentos la tuvimos con la actuación judicial en el Caso Kitchen (el enésimo caso de corrupción del Partido Popular) cuando el magistrado de torno cerró la investigación salvando, una vez mas, a los directivos del Partido Popular y a los grandes empresarios involucrados en el caso (Iberdrola, Caixabank, Repsol) de la investigación que reclamaba un demostrado caso de financiación ilegal del partido, un uso indebido de fondos reservados, unas actuaciones ilegales de agentes policiales, actos ilegítimos de espionaje y captación de corruptos.... Una actuación judicial tan escandalosa, con denunciantes que finalizan siendo acusados, que provocaría una reacción de la acusación particular que decidiría recurrir la decisión del juez. Con actuaciones judiciales como esta que se repiten una día sí y otro también, como no entender que el poder judicial español esté bajo sospecha. Una desconfianza que no se deriva de la actuación individual de determinados magistrados sino de un continuo de actuaciones judiciales que confirman que estamos delante de un problema sistémico.


Que estamos delante de un problema sistémico del poder judicial resulta indiscutible cuando dos de los suyos mas relevantes órganos, como son el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, aparecen siempre en la primera línea de las sospechas por sus resoluciones. Recién el Comité de Derechos Humanos de la ONU pedía a España que borre los antecedentes penitenciarios del juez Baltasar Garzón por considerar que "el Tribunal Supremo español, que condenó en el 2012 al juez Baltasar Garzón, a 11 años de inhabilitación tras ser procesado por los casos Franquismo y Gurtel vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no respetó el derecho de juez a un proceso con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial". ¡Mayor bochorno imposible!. 


El Comité de Derechos Humanos de la ONU venía así a confirmar lo que era una sospecha muy extendida: que el juez Garzón había sido objeto de una venganza en la que el Tribunal Supremo ejerció de ejecutor y los partidos mayoritarios (PSOE, PP), implicados en los casos por él investigados ( GAL, GURTEL ....), ejercieron de puntas de lanza junto a no pocos magistrados y periodistas enemistados con el polémico juez.

Archivo - Comparecencia de Baltasar Garzón en el TS en 2011



Este nuevo cuestionamento del poder judicial español, en realidad se trata de una acusación de prevaricación, confirma el carácter sistémico de un problema que afecta a una de las bases del estado poniendo continuamente en riesgo a legitimidad democrática del mismo. ¿Delante de tales evidencias como negar que el poder judicial español está bajo sospecha?.


Pensemos que en el caso del Tribunal Supremo se repiten con demasiada frecuencia las actuaciones que levantan sospechas cuando no indignación como, por caso, la diligencia y la dureza con que actúa contra dirigentes políticos de izquierdas y nacionalistas frente a lentitud y benevolencia que aplica cuando se trata de dirigentes de las derechas y/o grandes empresarios.

Como bien señala a profesor y prestigioso jurista Javier Perez Royo dados los incontables casos de corrupción que hay en curso las "sorpresas" pueden continuar para mayor vergüenza del poder judicial español.

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