Multa de 600 euros por pedir ser atendido en gallego durante un cribado en Rianxo, denuncia A Mesa

A Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que la Delegación del Gobierno ha multado a un ciudadano por, presuntamente, reclamar atención en gallego.

Los hechos ocurrieron presuntamente durante un cribado para detectar casos de Covid-19 en abril en la localidad barbanzana de Rianxo.

Cribado en el área de Santiago-Barbanza | Foto: EP

La plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística ha hecho pública hoy la sanción a la que fue propuesto un ciudadano por, aparentemente, reclamar ser atendido en gallego durante un cribado celebrado en Rianxo. Desde A Mesa denuncian a la Delegación del Gobierno de España en Galicia por proponer una multa de 600 euros después de que el sancionado recibiese "una negativa rotunda a ser atendido en nuestra lengua" además de que, al parecer por estos hechos, "se le llegó a negar la realización del cribado".

"Ante su indignación, intervino la Policía Local, que no solo no le reconoció su legítimo derecho a ser atendido en gallego, sino que -segundo consta en el mismo informe policial- lo instó a cambiar de lengua y emplear el castellano", señalan en el comunicado de A Mesa, a la vez que remiten al auto policial en el que los agentes estuvieron “intentando explicar a esta persona que ambas lenguas son cooficiales en la Comunidad Autónoma”.

Este episodio ocurrió el pasado mes de abril, pero no ha pasado inadvertido para la plataforma que recuerda que "es deber del funcionariado conocer la lengua propia de Galicia y que la policía debe garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y no coaccionarla para que deje de usar el gallego".

Para Marcos Maceira, presidente de la organización, este suceso demuestra "que ante una vulneración de los derechos lingüísticos que afecta también al derecho a la salud y a la dignidad de un ciudadano, las fuerzas de seguridad vulneran toda la legislación que ampara el legítimo derecho de la ciudadanía gallega a emplear nuestra lengua, intentando coaccionar a un ciudadano para que renuncie a hacerlo".

"MENTIR Y DESINFORMAR"

"No satisfechos con mentir y desinformar sobre los derechos lingüísticos, "os policías denunciaron la víctima por supuesta alteración de la seguridad y la Delegación ahonda en la indefensión de nuestros derechos lingüísticos, proponiendo una sanción cualificada como grave con una multa de 600 euros", lamentan desde A Mesa, a la vez que reprocha a la Delegación que avalase el informe de los agentes "deslegitimando las declaraciones de testigos presentes en el lugar por ser vecinas de la víctima". "Como todas las citadas para el cribado", apuntan desde la entidad.

A Mesa critica la "falta de neutralidad y de imparcialidad por parte de la instructora del procedimiento, nombrada por la Delegación del Gobierno español en Galicia" al negar un derecho recogido en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. "Estamos ante un caso de discriminación por motivo de lengua, lo que es una falta muy grave y puede llevar consigo la inhabilitación para la función pública", subrayan.

Sin embargo, la nueva Ley de Empleo Público de la Xunta contempla que se podrá elegir para las listas a médicos, enfermeros y auxiliares aunque no tengan un certificado acreditativo de conocimiento de lengua gallega en caso de que no haya candidatos con este requisito.