Novas Xeracións dice que la Ley de Vivienda agrava el problema; Erguer ve avances pero los cree insuficientes

Superado el trámite del Consejo de Ministros, la nueva Ley de la Vivienda entra en una nueva fase a la espera de llegar al Congreso de los Diputados a final de año. Mientras, los estudios revelan que los jóvenes tienen que destinar casi el 92% de su salario al alquiler.

Para conocer su parecer, Galiciapress charla con representantes de Erguer Estudantes da Galiza, uno de los principales organizaciones estudiantiles de la comunidad, y con Adrián Pardo, presidente de Novas Xeracións do Partido Popular, la que dice ser organización política-juvenil más grande de Galicia.

El tope al precio del alquiler, las ayudas de 250 euros que anunció el Gobierno de España o las plabaras de Pablo Casado, que amenaza con llevar la ley ante el Constitucional, son alguno de los puntos a debate.

Fotomontaje con miembros de Erguer y el presidente de Novas Xeracións. 

El Gobierno de España dio ayer un paso decisivo al aprobar el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de la Vivienda, una primera conquista en su camino a que las cortes terminen por dar el visto bueno, algo que se prevé para finales de este año cuando pase a trámite parlamentario. 

Pese a la voluntad del Gobierno, las herramientas que integran esta ley no dependerán exclusivamente de Moncloa, ya que serán los gobiernos autonómicos y los propios ayuntamientos los encargados de aplicar o no medidas como el recargo del IBI a los propietarios de viviendas vacías.

La ley busca, sobre todo, facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, el sector que más difícil tiene en estos momentos poder asumir el coste de un alquiler cuando en muchos casos o bien no tienen trabajo -el paro juvenil en el país supera el 35%- o perciben un sueldo precario que no les permite emanciparse. Según los datos del Consejo de la Juventud de España, de media, los jóvenes deberían destinar casi el 92% de su salario solo al alquiler.

Con estas cifras, las cuentas no salen para numerosos gallegos, lo que explica que el 82% de los menores de 29 años todavía vivan en casa de sus progenitores. A muchos estudiantes no les queda más remedio que buscarse un piso compartido en la mayoría de los casos, y ni eso resulta una tarea sencilla hoy día. 

Representantes de Erguer en la reciente asamblea del sindicato CIG en una imagen de su facebook 

Desde el sindicato estudiantil nacionalista Erguer se muestran “cautelosos” ante esta ley que todavía no han podido diseccionar en profundidad. Con todo, sí manifiestan su satisfacción al ver que se dan pasos para “regular el mercado de la vivienda para evitar que la turistificación y especulación impidan el acceso la una vivienda digna”.

“Es evidente que existe un problema de alquileres para el estudiantado. Año tras año los pisos están más degradados, carecen del mantenimiento básico, los salarios y bolsas se mantienen o descienden y los precios suben”, denuncian. En una comunidad como Galicia esto se nota todavía más en un año como el Xacobeo, donde la influencia del turismo ha contagiado al mercado inmobiliario.

"Año tras año los pisos están más degradados, carecen del mantenimiento básico, los salarios y bolsas se mantienen o descienden y los precios suben”

“En Galicia el impacto del modelo turistificador del Partido Popular con el Xacobeo lleva años provocando la reducción de oferta y la subida de los alquileres en ocasiones hasta 100€ al mes de un curso para otro. Nos encaminamos a precios de turista para infraviviendas, como ya ocurre en otras ciudades”, critican desde la asociación estudiantil.

UNA LEY “OPACA” Y QUE SE QUEDA A MEDIAS

Adrián Pardo

Para Adrián Pardo, presidente de Novas Xeracións, todo lo que se sabe de ley hasta ahora no son más que “filtraciones etéreas” y no “medidas específicas” en un tema que “preocupa especialmente a los jóvenes”. 

Jóvenes que podrán beneficiarse en algunos casos -si tienen un alquiler de 600€ o más y un salario inferior a 23.000 euros al año- de un bono de 250 euros/mes para sufragar el alquiler, tal y como anunció hace semanas  Pedro Sánchez. 

Una medida que, sin embargo, ya existe en Galicia, como recordó Feijóo a este medio y como reitera Pardo, que también destaca “otros programas destinados a la compra de viviendas en cascos históricos o municipios de menos de 5.000 habitantes por parte de la gente nueva”.

“Es importante citar otra serie de iniciativas que facilitan la transmisión patrimonial y estimulan la adquisición de viviendas como puede ser el tema de impuestos cero en el rural o las bonificación de hasta el 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de viviendas”, incide. A renglón seguido, desde NN.XX. recalcan que es “complicado” emitir juicios con tan poca información sobre la ley y acusan de falta de transparencia al Gobierno en contraposición con el “Pacto Social por la vivienda 2021-2025 promovido por la Xunta de Galicia y que se hizo en consenso entre el sector y los consumidores”. En ese sentido, Pardo apunta a una posible “falta de entendimiento” en el Gobierno de coalición a la hora de redactar la ley para esta opacidad.

Tampoco desde Erguer consideran que el bono sea una medida decisiva, ya que la ven “insuficiente” por “no atacar la raíz del problema”. “Es una medida inútil si no se acompaña de un paquete de medidas que regulen los precios para garantizar que ese bono sea una ayuda eficaz”, reclaman, al tiempo que destacan que “no garantiza el acceso a la vivienda para la juventud” al no garantizar un bloqueo a la escalada de precios. “No deja de ser un trasvase de dinero público la manos privadas, sin discernir grandes propietarios (banca, fondos de inversiones, constructoras etc) de los pequeños (alquileres usados como complemento del salario)”, razonan desde Erguer.

También ven “insuficiente” desde el colectivo el apartado que proyecta reservar el 30% de las nuevas promociones para destinarse a vivienda protegida cuando actualmente el número de viviendas de este tipo es “irrisorio en comparación con el resto de Europa”, si bien consideran que el continente tampoco atraviesa su mejor momento en este capítulo.

“A esto hay que añadir la existencia de una amplia cantidad de inmuebles vacíos en manos de grandes bancos y fondos buitre que podrían ser empleados para crear un parque de vivienda pública auténticamente solvente”, puntualizan. Por otro lado, desde Erguer no creen que este apartado pueda suponer una gran “distorsión” en el merado inmobiliario teniendo en cuenta que se permite “que se el mercado el que fije el precio de la vivienda”. Así, su apuesta es por “el control público y social de la economía” como solución para garantizar “derechos fundamentales como la vivienda, la educación o el trabajo”.

El presidente de Novas Xeracións considera que algunas de las medidas deslizadas desde el Gobierno central “en lugar de ser la solución suelen agravar el problema, puesto que profundizan en la inseguridad jurídica lo que afecta directamente a los precios”. Pardo nuevamente aprovecha para subrayar los logros durante los mandatos de Feijóo, con doce años en los que se produjo “un gran avance con hasta un total de 2.500 viviendas de promoción pública adjudicadas desde 2010 o las más de 17.500 ayudas al alquiler concedidas desde 2015 y que supusieron una inversión de más de 34 millones de euros”.

LAS “MENTIRAS” DE PABLO CASADO A DEBATE

Pese a algunos elementos comunes, en donde difieren Erguer y Novas Xeracións es en las polémicas palabras de Pablo Casado, que sin conocer el texto ya anunció hace semanas que recurrirá la ley ante lo Constitucional y que las comunidades gobernadas por los populares no se adherirán a la propuesta para regular los precios de los alquileres ni subirán el IBI a los pisos vacíos.

Para Erguer, esto no es sino otra muestra de como la política española “defiende los intereses de los grandes propietarios y no el de las mayorías sociales”, por lo que insta a las administraciones a “intervenir el mercado” tomando ejemplo de Alemania. “El Partido Popular acostumbra a recurrir ante las altas instancias de la justicia las leyes que no le gustan, pero para nosotros esos circos mediáticos solo son una cortina de humo que oculta la inacción del sistema delante de la realidad de precariedad y dependencia de la juventud y del estudiantado”, reprochan.

Cuestionado por esta decisión del líder del PP, Pardo se limita a reprender al Gobierno por “crear confusión lanzando globos sonda con titulares indefinidos sobre la futura ley”. En la misma línea, tampoco se mojó a la hora de valorar las afirmaciones de Casado, que aseguró que un joven “con trabajo y nómina” puede “acceder al alquiler”.

“Claro está que el problema de la vivienda es uno de los principales problemas que afectan a nuestra generación, es por eso que hay que destacar las diferentes actitudes: por una parte tenemos al Gobierno central que solo es capaz de lanzar titulares sin especificar cómo lo van a aplicar; y por otra, está la Xunta de Galicia, que tiene como una de sus prioridades en sus políticas el acceso a la vivienda por parte de los menores de 35 años con medidas ya consolidadas como las ayudas para el alquiler del plan de vivienda donde hay la posibilidad de optar a una subvención del 50% de la renta mensual a abonar”, refiere Pardo.

Más incisivos son desde Erguer, que recriminan a Casado de “mentir” de forma “tan evidente como descarada”. “El PP parece encontrarse de un auténtico proceso de radicalización en el que todo parece valer con el fin de justificar sus políticas antisociales y antipopulares”, manifiestan.

“La realidad es que, según el Instituto de Vivienda de Galicia, el precio medio del alquiler en el año 2021 fue de 444 euros, llegando en el caso de Vigo y A Coruña a superar los 520 euros. Mientras que el 64,5% de jóvenes en nuestro país tuvo salarios brutos inferiores a los 1.300 euros. Esta realidad deja a un amplio porcentaje de jóvenes gallegas de clase trabajadora estranguladas entre los bajos salarios y los altos precios del alquiler, dificultando, o mismo imposibilitando, su emancipación económica”, concluyen.