Suspendido el juicio por trata y agresión sexual contra los dueños de un club de Meis por faltar una testigo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha suspendido el juicio contra los dueños de un club de Meis ante la falta de una testigo de cargo. Los procesados están acusados de trata de seres humanos, por obligar a varias mujeres a prostituirse en su establecimiento.

La Fiscalía y la acusación particular solicitaron la suspensión ya que no ha sido posible localizar a esta mujer, ni tampoco tiene conocimiento de dónde se encuentra esta testigo fundamental para la causa.

La magistrada que preside el tribunal ha indicado que la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) tampoco tiene noticias del paradero de esta persona.

El tribunal ha acordado la suspensión, pero no ha fijado un nuevo señalamiento ante la falta de garantías para localizar a esta testigo que no se encuentra representada legalmente en esta causa.

La vista oral no ha llegado a iniciarse por lo que no es necesario que se vuelva a retomar el plazo del juicio antes de 30 días. La acusación particular ha aprovechado para aportar a la causa unos informes psicológicos, mientras que el abogado de la defensa ha indicado que la falta de este testigo de cargo puede llevar a una cuestión de nulidad.

La Fiscalía solicita una condena de 23 años de cárcel para el administrador de la sociedad que explotaba el club Pigalle, situado en Meis, un hombre de nacionalidad brasileña; y 22 años de cárcel para la mujer de origen rumana que, en 2018, lo dirigía junto a él. También pide que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada.

A ambos, se les acusa de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un delito de favorecimiento de la inmigración clandestina con ánimo de lucro y tres delitos de prostitución coactiva. A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual.

CAPTABAN MUJERES EN VENEZUELA
En el escrito de acusación, la fiscal asegura que, entre marzo y abril de 2018, los dos acusados contactaron con tres mujeres en Venezuela, todas ellas con cargas familiares y problemas económicos, haciéndolas viajar a España como turistas y ocultándoles -salvo a una- que iban a ser explotadas como prostitutas.

La Fiscalía añade que, al llegar al club de alterne, estas mujeres fueron sometidas a régimen de esclavitud quedándose los acusados con el dinero que ganaban estas chicas. Y señala, además, que al menos una de las tres mujeres sufrió un intento de violación por parte del administrador del establecimiento.