AGE llevará al pleno del Parlamento una iniciativa en la que pide el cierre de una cementera de Narón (A Coruña)
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) llevará al pleno del Parlamento gallego una iniciativa en la que solicita el cierre de la cementera de Castro, situada en Narón (A Coruña). En concreto, será este miércoles 11 de noviembre cuando presente esta inciativa a petición de los vecinos y del grupo municipal de Esquerda Unida de este ayuntamiento coruñés.

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) llevará al pleno del Parlamento gallego una iniciativa en la que solicita el cierre de la cementera de Castro, situada en Narón (A Coruña). En concreto, será este miércoles 11 de noviembre cuando presente esta inciativa a petición de los vecinos y del grupo municipal de Esquerda Unida de este ayuntamiento coruñés.
A este respecto, desde Esquerda Unida Narón han lamentado, a través de un comunicado, que el PP y Terra Galega (TEGA) se "aliaran" para tumbar la moción presentada por EU al respecto, así como que el BNG se "abstuviera" en la votación. "Veremos cuál es la postura de las distintas formaciones políticas en el Parlamento", han apostillado.
De hecho, una delegación de la asociación de vecinos de Castro, acompañada del concejal de EU en Narón, André Abeledo, acudirá invitada por AGE al Parlamento gallego para presenciar la sesión plenaria en donde se va a debatir la iniciativa.
Asimismo, desde EU Narón han invitado al grupo municipal popular a que se reúna "cuanto antes" con la asociación de vecinos de Castro para conocer el problema "de primera mano" y para que "dejen de hablar de oídas".
Por último, EU Narón ha asegurado que apoyará siempre cualquier medida consensuada con la asociación de vecinos de Castro que pueda ayudar a "hacer justicia" a los "12 años de dura y justa lucha vecinal" contra una cementera "ilegal".
A este respecto, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, ya había pedido el "cierre y demolición" de esta empresa cementera, situada en las proximidades del Polígono Industrial de Río do Pozo.
Díaz solicitó estas medidas por varias sentencias judiciales, "hasta seis", del Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Juzgado de Ferrol, que estiman que esta infraestructura se realizó al amparo de un plan de sectorización por la "vulneración del reglamento jurídico" y "que posteriormente ha sido declarado ilegal". Según la diputada de AGE, "se logró, en el año 2005, por silencio administrativo".
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