Pisos turísticos: no se prohíben y muchos se podrán alquilar unos meses a turistas, explica el Ayuntamiento de Santiago


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La sentencia del TSXG sobre los pisos turísticos en Santiago puede provocar un seísmo no solo en la capital, sino en todo el país. Galiciapress charla con la concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón, para analizar su impacto.


Mercedes Rosón, tenente de alcalde de Santiago

Mercedes Rosón, primera tenente de alcalde de Santiago 



Lo primero que deja claro la primera teniente de alcalde es que pedirá a la Xunta que "elimine del Registro de empresas y actividades turísticas bastantes de los pisos que operan en la ciudad". 


¿Cuántos?  Las cifras que maneja el Ayuntamiento son entorno a 900 viviendas turísticas  resgistradas ante la Xunta. De esas 900, menos de una 40 tienen ya  la habilitación municipal; el permiso que la Justicia acaba de declarar pertinente y que en Santiago es obligatorio. 


El resto, estaría en peligro de tener que cerrar. Por ahora, el Ayuntamiento comunica que le solicita a la Xunta que las de de baja de su Registro; poniéndolas así en una situación de,  por lo menos, alegalidad.


¿Dónde? también explica que la criba se va aplicar "en todo el territorio municipal", no solo a los pisos de la zona monumental y a su ámbito de influencia. 


Con todo, hay un matiz.  Desde la pasada legislatura, el Ayuntamiento, a través del Plan especial de protección y de rehabilitación de la Ciudad histórica , declara la zona vieja saturada de estos negocios. Consecuentemente, no se conceden y no se concederán más licencias para alojamientos turísticos, ni siquiera para dedicar inmuebles completos a albergues u hoteles.


"Nosotros no prohibimos los pisos turísticos, si no que planteamos a través del PXOM es su regulación y ordenación".


¿Qué sucede con otras zonas? ¿Puede haber pisos turísticos fuera de la zona vieja? Rosón explica   "nosotros no prohibimos los pisos turísticos, si no que planteamos a través del PXOM es su regulación y ordenación". 


¿Cuándo se producirán los cambios? Lo más probable es que el asunto vaya para largo. "Esto no va acabar aquí", reconoce la concejala de Urbanismo. 


En primer lugar, porque AVITURGA, Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, puede recurrir ante el Tribunal Supremo. La sentencia, por ahora, no es firme; aunque cada vez hay más jurisprudencia que confirma la capacidad de los ayuntamientos para regular estos pisos que se ofrecen en plataformas como Airbnb o Booking.


En segundo lugar, porque el Ayuntamiento de Santiago está preparando una nueva ordenación del sector. 





"En la modificación que estamos haciendo del Plan General, de los usos en general y del uso turístico en particular , planteamos esto, que todo el mundo, en base a la economía colaborativa - algo que existió toda la vida en Santiago de Compostela donde las familias acogían en su vivienda a 1 o 2 estudiantes-; pues esto nosotros lo propiciamos a través de este planteamiento  para todo el mundo; no solo para los listos, porque hubo mucha gente que estos años declinó, ante esta situación de alegalidad, pedir la licencia municipal", explica la política. 


Es decir, el Ayuntamiento de Santiago planea una importante novedad. Cualquier vecino podrá dedicar una vivienda habitual fuera del casco histórico a alquiler estacional durante algunos meses al año, cumpliendo lógicamente una serie de requisitos por determinar, entre los que se mantendrá, seguramente, el veto al alojamiento turístico en el casco histórico.


Rosón argumenta que así se regularizará algo que es habitual en Compostela. Debido a su histórico carácter de ciudad universitaria, es común que las familias aprovechen los inmuebles vacíos o habitaciones libres para sacar unas rentas extra. El Ayuntamiento respalda esta actividad, lo que busca evitar es una avalancha de oferta turística expulse a los vecinos del centro de la urbe, como en la práctica ya ha sucedido en la zona vieja. 


RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

En definitiva, el marco legal de los pisos turísticos en Santiago va a cambiar, lo que provoca nerviosismo y críticas entre los que han invertido en el sector. Rosón entiende que sus iras no deben estar dirigidas contra Raxoi, sino contra San Caetano, contra la Xunta que gobierna el PP. 


"Quien hizo oídos sordos fue la Xunta de Galicia" - señala la mandataria socialista- porque, razona, "aunque en su regulación del Registro indica que los permisos municipales eran obligatorios, pues no los pedía ".   "La Xunta debería haber reclamado el permiso municipal ante de inscribir los pisos en el Registro", insiste.




La edila argumenta por lo tanto que la reciente sentencia lo único que hace es refrendar algo que la norma autonómica ya establecía, pero que la Xunta no aplicaba.  El fallo confirma la obligatoriedad de ese permiso municipal, si el Ayuntamiento así lo estipula;  como sucede en municipios como, por ejemplo, Santiago de Compostela, Pontevedra u Oleiros. 



Está claro que las asociaciones de propietarios ven con recelo la regulación municipal y prefieren la manga ancha del Registro de la Xunta.  Rosón les responde que "el discurso de la asociaciones es muy confuso" porque  "esto no impide sacarle rentabilidad a las viviendas" ya que "es un derecho que no pierden". 


"No se les va privar de alquilar, como cualquier otro propietario. Es más, todos los propietarios de Santiago vamos poder poner en el mercado durante dos meses nuestras propiedades. Lo que no es de recibo es la situación que estamos viviendo", concluye, no si antes recordar que hay mucha gente que lleva años sacando rendimiento de una actividad económica aprovechando el embrollo judicial para no pedir el permiso al Ayuntamiento.   


¿Y EL RESTO DE GALICIA?

¿Esta polémica afecta solo a Santiago de Compostela? No. La sentencia de Santiago -como la previa de Pontevedra- lo que ratifica es la competencia municipal para regular las viviendas turísticas. Por lo tanto, cualquier Ayuntamiento puede regular su uso y exigir a la Xunta que el Registro autonómico no inscriba, o borre, las viviendas que no tengan habilitación municipal.


Potencialmente, la mayoría de las 14.000 viviendas de uso turístico que contabiliza Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia se podrían quedar en la alegalidad. Eso sí, si los ayuntamientos mueven ficha, algo que es muy dudoso suceda pronto, dado lo polémico que resulta el tema, especialmente a un año de las elecciones locales. 


Lo que está claro es que es probable que cada vez haya municipios en los que, a medio plazo, se dicten normas para poner coto a los pisos turísticos. Sentencias como la de Santiago facultan a los municipios para regular y gravar una actividad  que da beneficios a algunos pero que muchos ven con recelo por contribuir a la gentrificación, disparando los precios de los alquileres. 







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